
La medida cautelar fue dictada por la jueza María Alejandra Biotti, quien consideró necesario frenar los efectos del decreto hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. El fallo se apoya en la posible afectación del derecho constitucional a la huelga y en el debate sobre los límites del uso de los DNU por parte del Poder Ejecutivo.
El DNU 340/25 había sido cuestionado por sindicatos y expertos en derecho laboral por considerar que amplía de manera desproporcionada las restricciones al ejercicio del derecho a huelga en sectores públicos y privados. La norma establecía mayores exigencias para la prestación de servicios mínimos obligatorios durante paros, extendiendo esta condición a nuevas ramas de la actividad económica.
Desde el Gobierno aún no hubo una respuesta oficial, aunque fuentes del Ejecutivo confirmaron que apelarán la medida. La resolución judicial vuelve a colocar bajo la lupa el uso de decretos de necesidad y urgencia en áreas sensibles, y anticipa un escenario de tensión entre los poderes del Estado sobre la regulación del derecho laboral.
La causa continuará su trámite en la Justicia, donde se deberá definir si el DNU se ajusta a la Constitución Nacional y si las medidas implementadas por el Gobierno superan los límites razonables de intervención en materia de derechos colectivos.