Río Negro aprobó la Ley de Reiterancia y cerró la “puerta giratoria”

La Legislatura de Río Negro aprobó por amplia mayoría una ley clave para el sistema penal provincial: la incorporación de la reiterancia como causal de prisión preventiva. Se trata de una reforma impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck con el objetivo de terminar con la llamada “puerta giratoria” y brindar mayor protección a las víctimas.

“Con estas reformas, el mensaje es claro: en Río Negro los delitos tienen consecuencias. Estamos del lado de las víctimas, protegiendo a cada rionegrino y rionegrina que quiere vivir en paz”, afirmó Weretilneck al celebrar la sanción de la norma.

La nueva ley permitirá a jueces y fiscales dictar prisión preventiva cuando una persona sea imputada en causas penales y registre antecedentes o procesos en curso por hechos similares, evitando así que quienes delinquen de manera reiterada permanezcan en libertad mientras esperan el juicio.

Esta herramienta se articula con otras reformas estructurales ya vigentes, como la Ley de Doble Instancia, que impide que los condenados en dos instancias sigan en libertad durante recursos extraordinarios. “De esta forma se evita que las víctimas y sus familias deban soportar durante años la injusticia de ver en la calle a quienes ya fueron condenados”, explicaron desde el Ejecutivo provincial.

A su vez, se anunció la pronta implementación del Registro Provincial de Huellas Genéticas, que permitirá comparar perfiles de ADN recogidos en escenas del crimen con los de imputados o condenados por delitos dolosos. Esta tecnología agilizará la resolución de causas, permitirá brindar respuestas más rápidas y contribuirá a la prevención de nuevos hechos delictivos.

Weretilneck destacó que estas medidas forman parte de una estrategia integral de seguridad y justicia: “Nuestro compromiso es simple y firme: proteger a las víctimas, respaldar a la Justicia y darle a cada rionegrino la seguridad que merece. Con estas herramientas le estamos cerrando la puerta a la impunidad”.

La agenda de reformas judiciales y de seguridad responde a una demanda social creciente de mayor protección, y apunta a fortalecer el rol del Estado como garante de la convivencia, la legalidad y la reparación para quienes han sido víctimas de delitos.