Una Justicia con doble cara: cuando la balanza se inclina según el poder

La condena a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción fue recibida por muchos sectores como un hito de justicia. Por primera vez, una expresidenta poderosa fue sentenciada por hechos de gravedad institucional. Sin embargo, este acto que podría celebrarse como una muestra de equidad y madurez democrática queda empañado por un contraste evidente: Mauricio Macri, con un historial de causas igual o más voluminoso, sigue libre, impune y políticamente activo. A esto también se le agrega el caso de la criptoestafa del presidente Javier Milei, donde la Justicia duerme el expediente y no es investigado al respecto. 

El caso más paradigmático es el del Correo Argentino, donde el Grupo Macri intentó condonar una deuda millonaria al Estado. Durante su gobierno, se gestó una maniobra que buscaba eludir el pago de más de $70.000 millones en términos actuales. La causa judicial se estiró durante años, con maniobras dilatorias y jueces que favorecieron al expresidente, hasta llegar a una quiebra que dejó al Estado perjudicado y sin responsables penales.

Pero no fue el único escándalo. También están las concesiones de Autopistas del Sol y del Oeste, donde el Estado, bajo la presidencia de Macri, indemnizó a las propias empresas del expresidente por sumas escandalosas, como si hubieran sido víctimas y no beneficiarias de una política tarifaria a medida.

A eso se le suma el negocio de los parques eólicos, donde empresas cercanas al Grupo Macri obtuvieron millonarias ganancias sin licitación, revendiendo proyectos sin haber instalado ni un solo molino. La Auditoría General de la Nación lo confirmó, pero el sistema judicial aún no determinó responsabilidades. ¿Hasta cuándo?

Y cómo olvidar los Panamá Papers, que lo ubicaron como director de una offshore en las Bahamas, no declarada en su momento, usada presuntamente para evitar impuestos. Mientras funcionarios de otros países renunciaban por aparecer en esa filtración, en Argentina el tema quedó en el olvido judicial.

También está la causa de espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan, donde Macri fue procesado pero luego beneficiado por un fallo que lo desvinculó, pese a las pruebas contundentes que implicaban al Estado nacional durante su mandato.

El caso Sevel, por contrabando de autopartes en los años 90, resucitó con documentos que refuerzan la hipótesis de fraude, pero tampoco se avanzó. ¿Acaso hay una justicia para los ex presidentes peronistas y otra para los neoliberales?

A este panorama se suma una nueva muestra de impunidad selectiva: el caso Libra. Javier Milei, fue parte del directorio de esta consultora acusada de estafar a cientos de ahorristas en España, Estados Unidos y otros países a través de falsas promesas de inversión. Mientras en el exterior se investigan sus vínculos y se presentan denuncias judiciales, en Argentina el expediente duerme en los despachos, como si la figura presidencial otorgara inmunidad automática.

Resulta escandaloso que los medios y el Poder Judicial no profundicen sobre este hecho gravísimo, que involucra a un jefe de Estado en un esquema de fraude internacional. Si se tratara de un dirigente opositor, ya habría condenas mediáticas y causas abiertas. Pero con Milei, al igual que con Macri, el sistema mira para otro lado. La doble vara se transforma así en norma, y la impunidad, en política de Estado.

El problema no es sólo que Macri esté libre, sino que se consolida la imagen de una Justicia funcional a los poderes económicos y mediáticos. Cristina va presa y Macri da charlas por el mundo, construyendo su regreso político. Esa desigualdad ante la ley mina la confianza ciudadana y daña el sistema democrático.

Una democracia seria necesita jueces independientes, que no se amedrenten ni se alineen con las corporaciones. Si Cristina fue condenada por desviar fondos en la obra pública, Macri debe responder por favorecer a sus empresas desde el Estado. No hay “dos países”: hay una sola ley que debe aplicarse para todos.

El reclamo no es por impunidad, sino por equidad. Que Cristina esté presa no es el problema. El problema es que Macri no lo esté. Porque mientras haya privilegios judiciales según el color político, la Argentina no tendrá justicia: tendrá revancha maquillada de legalidad.