
El Gobierno nacional oficializó este martes una ambiciosa y polémica reforma de la Policía Federal Argentina (PFA), orientada —según explicita el decreto— a enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y los delitos complejos bajo un nuevo esquema de funcionamiento y control político. Las modificaciones fueron aprobadas por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, y ya rigen tras su publicación en el Boletín Oficial.
El Ejecutivo fundamenta la reforma en el surgimiento de “nuevas amenazas delictivas, el crimen organizado internacional y los cambios sociales y tecnológicos”, los cuales —considera— exigen un rediseño integral de las misiones, estructura y sistema de recursos humanos de la fuerza.
Uno de los aspectos más controvertidos del decreto habilita a la Policía Federal a realizar tareas de vigilancia, monitoreo y prevención en redes sociales y espacios digitales abiertos sin la necesidad de contar con autorización judicial previa, en el marco de las competencias que fija la ley de Inteligencia vigente. Este monitoreo, argumenta el Gobierno, permitirá detectar conductas delictivas emergentes en el ámbito digital.
La decisión abre interrogantes respecto de los límites al accionar policial en entornos digitales y el posible impacto sobre derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y el debido proceso.
Otro de los puntos críticos de la reforma es la ampliación de las facultades de detención de la Policía. A partir de ahora, los agentes podrán detener a personas sin orden judicial previa si estas no logran acreditar su identidad y si existen "circunstancias debidamente fundadas" que lleven a presumir la comisión de un delito. Este nuevo margen discrecional para los efectivos genera preocupación en sectores jurídicos y de derechos humanos.
La reforma también apunta a transformar a la Policía Federal en una fuerza de investigación federal especializada. Para ello se creará un Departamento Federal de Investigaciones, que tendrá tres áreas clave: Agencias Federales de Investigación, Investigaciones Federales e Investigaciones contra el Narcotráfico. Según trascendió, el modelo sigue de cerca el esquema del FBI estadounidense.
En paralelo, el decreto dispone que el Ministerio de Seguridad Nacional tendrá injerencia directa en el control de la disciplina interna, centralizando decisiones que antes quedaban en manos de la estructura policial.
Finalmente, el Ejecutivo modificará los sistemas de ingreso y formación del personal. Se buscará incorporar estándares internacionales, con evaluaciones físicas, psicológicas y de idoneidad profesional inspiradas en modelos como el del FBI, según anticiparon fuentes oficiales.
El presidente Milei y la ministra Bullrich brindarán durante el día una conferencia de prensa para ampliar detalles. Sin embargo, la reforma ya generó fuertes debates tanto en sectores de la oposición política como en organismos de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de excesos policiales, discrecionalidad en la vigilancia digital y erosión de garantías constitucionales.