El Gobierno de Milei vetó la ley de emergencia para Bahía Blanca y dejó sin efecto un fondo de $200.000 millones

El presidente Javier Milei vetó en su totalidad la ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en Bahía Blanca y Coronel Rosales, tras las graves inundaciones ocurridas en marzo pasado. La norma, sancionada por el Congreso el 4 de junio, preveía la creación de un fondo especial de $200.000 millones para obras de reconstrucción, asistencia económica y alivio fiscal para los damnificados.

El Decreto 424/2025, publicado en la madrugada de este martes en el Boletín Oficial y refrendado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, devuelve el proyecto al Congreso y deja sin efecto la vía legislativa para establecer nuevas medidas de emergencia en lo que resta del año parlamentario.

Según los considerandos del decreto, el Gobierno nacional argumentó que las medidas previstas por la ley ya fueron implementadas, en referencia al programa SUPLEMENTO ÚNICO PARA LA RECONSTRUCCIÓN (S.U.R.), implementado tras la catástrofe. De acuerdo a datos oficiales, el 85,43 % de los 37.546 inscriptos ya recibió el beneficio, mientras que un 10,55 % sigue en análisis y un 4,01 % fue rechazado.

No obstante, el veto generó fuerte malestar en las zonas afectadas, donde se esperaba la instrumentación de nuevas herramientas de alivio económico, como la suspensión de obligaciones contractuales, el acceso a créditos preferenciales, la priorización de contrataciones locales para obras y exenciones impositivas coordinadas con la provincia de Buenos Aires.

La Casa Rosada también cuestionó la inclusión de Coronel Rosales en el proyecto, alegando que “la zona fue oportunamente determinada sobre la base de informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional”, y señaló que la ley no establecía la fuente de financiamiento necesaria para cubrir las erogaciones previstas, lo que violaría el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera.

En cuanto al apoyo a las pymes, el Gobierno argumentó que el Banco Nación ya cuenta con las facultades necesarias para otorgar asistencia financiera y créditos para refacción o construcción de viviendas, sin necesidad de una ley específica.

Con esta decisión, se archiva la posibilidad de avanzar este año en un nuevo fondo de emergencia para los damnificados, y se consolida la estrategia del oficialismo de restringir el gasto público incluso en contextos de catástrofe, mientras crece la tensión entre el Poder Ejecutivo y el Congreso por el manejo de la crisis social en las provincias.