La Justicia de EE.UU. ordenó a la Argentina entregar el 51% de YPF: nuevo golpe por la expropiación de 2012

El fallo, que el Gobierno argentino podrá apelar, dispone un plazo de 15 días para que las acciones clase D que el Estado posee en la compañía sean transferidas a una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon, y posteriormente derivadas al fondo demandante o a quien éste designe. La medida, considerada de extrema gravedad por especialistas, es de cumplimiento obligatorio a menos que la propia jueza o la Corte de Apelaciones dispongan su suspensión.

El caso: una década de litigio y USD 16.000 millones en juego

La causa judicial responde a la expropiación del 51% de las acciones de YPF que el Congreso aprobó durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012, y que estaban en manos de la española Repsol. Si bien Repsol llegó a un acuerdo con la Argentina, el fondo Burford Capital compró los derechos de litigio a las empresas Petersen Energía y Eton Park —accionistas minoritarios perjudicados— y llevó adelante la demanda por la forma en que se realizó la estatización.

En septiembre de 2023, Preska ya había condenado a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares. La cifra convirtió el caso en una de las mayores derrotas judiciales de la historia del país.

¿Qué implica la entrega de acciones?

El fallo busca ejecutar parte del monto adeudado mediante la transferencia forzada de las acciones que el Estado argentino posee en YPF, lo que equivale al control operativo de la petrolera. En los hechos, esto significa poner a disposición de Burford, o de un eventual comprador, la conducción de la empresa más importante del país.

La jueza justificó su decisión en que el Estado ha ejercido desde 2012 “el control efectivo y total sobre YPF” y que, por tanto, puede ser compelido a desprenderse de sus acciones. Esto, a pesar de que el Departamento de Justicia de EE.UU. —cuando aún gobernaba Joe Biden— advirtió que la medida viola la inmunidad soberana de la Argentina y recomendó no concederla.

Repercusiones y próximos pasos

La reacción fue inmediata en los mercados: las acciones de YPF cayeron 7% en Wall Street tras conocerse el fallo. Desde el Gobierno de Javier Milei aún no hubo una declaración oficial, pero la apelación es inminente, y según fuentes jurídicas podría extender el proceso entre 12 y 18 meses más.

El especialista Sebastián Maril, de Latin Advisors, que sigue el caso de cerca, afirmó: “Argentina ahora tiene que negociar. La presión de Burford es precisamente para forzar una salida extrajudicial.”

El CEO de Burford, Christopher Bogart, y su socio Jonathan Molot, han reiterado públicamente su intención de ejecutar el fallo o llegar a un acuerdo con la Argentina. Pero si el Estado decidiera entregar las acciones, debería contar con la aprobación del Congreso y realizar una oferta pública de adquisición, algo que —según los analistas— Burford no desea.

¿Qué puede pasar con YPF?

Desde hoy, la petrolera estatal vive bajo la sombra de una eventual pérdida de su control accionario. En el mejor de los casos, la ejecución se suspenderá hasta que una apelación sea resuelta. En el peor, el Estado argentino podría perder el timón de su mayor empresa energética, en manos de un fondo especializado en litigios contra gobiernos.

La presión por negociar crece, y si bien durante los gobiernos anteriores el país eligió no hacerlo, la situación actual, con un fallo ejecutable y plazos breves, podría forzar un cambio de estrategia.