
En una nueva embestida contra lo que considera "estructuras ineficientes", el Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la disolución de tres fondos fiduciarios clave: el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, el Fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego y el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). La medida se concretó mediante el Decreto 463/2025, publicado en el Boletín Oficial.
Según los fundamentos del decreto, los fondos eliminados registraban “uso ineficiente de los recursos públicos, deficiencias en los mecanismos de control y una escasa o nula rendición de cuentas”, conforme a las auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Esta decisión se enmarca en el proceso de revisión y eliminación de estructuras estatales, que ya alcanzó a otros 26 fondos similares.
Creado en 1997, el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional tenía como objetivo asistir en el financiamiento de obras económicas y sociales tanto a las provincias como al Estado Nacional. Sin embargo, las auditorías revelaron serias falencias en la aplicación de los fondos y en la devolución de los préstamos, lo que derivó en pérdidas millonarias para el Estado. De los $26.000 millones disponibles, solo se ejecutaron $70 millones. El Gobierno concluyó que su continuidad no resultaba conveniente.
Otro de los fondos disueltos fue el Fideicomiso del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, que entre 2022 y 2023 recibió también $26.000 millones, de los cuales apenas se utilizaron $70 millones para su finalidad específica. La SIGEN detectó falta de planificación estratégica, escasos controles, contrataciones irregulares y deficiencias graves en los procesos administrativos. A pesar de la eliminación del fideicomiso, el Sistema Federal de Manejo del Fuego continuará funcionando, pero bajo la órbita directa del Ministerio de Seguridad, que administrará los aportes del 3‰ de las primas de seguros.
El Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), que antes se llamaba FONDEAR, también fue dado de baja tras detectarse inversiones sin relación con sus objetivos, morosidad en el recupero de préstamos y fallas graves en los registros y controles. Las irregularidades llevaron a que los recursos, que debían potenciar sectores estratégicos, terminaran diluidos en manejos financieros sin transparencia.
Desde el Ejecutivo remarcaron que estas decisiones forman parte de un plan de reordenamiento del Estado, con eje en la eficiencia y el control. “Estas medidas son parte de una política que busca una gestión pública transparente, ágil y eficaz, en la que cada peso del contribuyente sea bien utilizado”, afirmaron en el comunicado oficial.
Con esta nueva resolución, el gobierno profundiza su política de recorte y reforma del Estado, en una línea que ya impactó fuertemente en organismos, programas y fondos de carácter federal, en medio de una crisis económica que exige, según la visión oficial, “terminar con los privilegios del gasto público ineficiente”.