
El gobierno de Río Negro ha sancionado a 428 empleados públicos desde inicios del 2024 debido a distintos incumplimientos laborales. Las sanciones, aplicadas a través de la Secretaría de la Función Pública, incluyen:
74 cesantías: Se desvinculó a los empleados de la administración pública.
4 exoneraciones: Es la sanción más grave, que implica la desvinculación definitiva.
350 suspensiones: Con una duración de entre 1 y 30 días.
Las irregularidades más comunes son las inasistencias, llegadas tarde reiteradas y conflictos entre compañeros. Sin embargo, las sanciones más severas, como las cesantías y exoneraciones, se aplicaron en casos de abandono de servicio o condenas penales.
Según la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, estas medidas buscan ordenar la administración pública, cuidar los recursos del Estado y respaldar a los trabajadores que cumplen con sus tareas. Las sanciones se aplican luego de un riguroso proceso de investigación que incluye un sumario administrativo y la resolución de una Junta de Disciplina.
Apercibimiento: Advertencia formal por faltas leves.
Suspensión: De hasta 30 días sin goce de sueldo por negligencia o faltas reiteradas.
Cesantía: Desvinculación del agente con posibilidad de reingreso después de cinco años.
Exoneración: Desvinculación definitiva de la administración pública por delitos dolosos.
Los 428 empleados públicos rionegrinos sancionados en lo que va del año reflejan una política activa del gobierno provincial para ordenar y eficientizar la administración pública. Las medidas, que van desde suspensiones hasta cesantías y exoneraciones, buscan responder a incumplimientos laborales como inasistencias y llegadas tarde.
La decisión de sancionar a un número significativo de trabajadores no solo se interpreta como una acción disciplinaria, sino también como un mensaje político. Por un lado, se busca respaldar a los empleados que cumplen con sus tareas y, por el otro, demostrar un compromiso con el uso responsable de los recursos del Estado. Al hacer pública la cifra de sancionados, el gobierno de Río Negro envía una señal de firmeza y transparencia, mostrando que hay consecuencias concretas para quienes no respetan sus responsabilidades laborales.
Este tipo de acciones también puede generar debate, ya que, si bien buscan mejorar la calidad del servicio público, también ponen en el centro de la discusión las condiciones laborales y la relación entre el Estado y sus empleados. La política de la Secretaría de la Función Pública, al destacar la importancia de un "Estado eficiente", refuerza la idea de que la gestión de los recursos humanos es un pilar fundamental para la credibilidad de la administración.