El futuro de YPF en la balanza: La Corte de Apelaciones de Nueva York decide sobre las acciones

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York se dispone a tomar una decisión crucial sobre el destino de las acciones de YPF que están en poder del Estado argentino. El conflicto se originó a partir de la expropiación de la petrolera en 2012, un caso por el cual la jueza Loretta Preska ya condenó a Argentina a pagar entre USD 16.000 y 18.000 millones. Ante esta sentencia, el fondo de inversión Burford Capital, principal litigante, ha presionado para que el Estado transfiera el 51% de sus acciones en YPF como garantía hasta que se resuelva la apelación, algo que está previsto para finales de octubre. 

El gobierno argentino ha solicitado una suspensión temporal de esta orden ("stay"), con la esperanza de que la Corte de Apelaciones conceda más tiempo o permita una garantía alternativa. Las posibles resoluciones del tribunal son tres: no conceder la suspensión y confirmar la orden de entregar las acciones, concederla con otro tipo de garantía, o concederla sin condiciones. Un fallo desfavorable podría llevar a Argentina a recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, una instancia poco común para este tipo de casos. Si el país no acata la decisión judicial, podría ser declarado en desacato, lo que abriría la puerta a sanciones severas que podrían ir desde la prohibición de entrada de funcionarios a EE. UU. hasta la revocación de visas, además de aumentar la desconfianza de los inversores internacionales. 

El caso YPF no es solo un litigio por una compensación millonaria, sino un punto de inflexión que pone en juego la estabilidad de una de las empresas más importantes del país y la credibilidad de su sistema legal a nivel internacional. La presión de Buford Capital es un claro ejemplo de cómo los fondos de litigio pueden utilizar el sistema judicial para ejercer una influencia significativa y buscar la ejecución de fallos, lo que en este caso podría llevar al embargo de activos estatales. 

El riesgo de ser declarado en desacato es particularmente grave. Más allá de las multas, las posibles sanciones personales y la pérdida de confianza de los inversores podrían minar los esfuerzos del Gobierno actual por atraer capitales extranjeros, en un momento en que la necesidad de fortalecer las reservas del Banco Central es urgente. La decisión de la Corte de Apelaciones no es meramente administrativa; es un veredicto sobre la seriedad con la que Argentina asume sus compromisos internacionales y sobre su capacidad para manejar las consecuencias de decisiones políticas pasadas. El desenlace, ya sea favorable o adverso, marcará un precedente en la relación del país con el capital financiero global.