Milei reactiva las auditorías de pensiones por discapacidad pese al escándalo de corrupción

En medio de la crisis económica y social, el gobierno de Javier Milei decidió retomar las auditorías de pensiones por discapacidad, pese a que hace apenas dos semanas había trascendido que serían suspendidas tras el escándalo por el presunto circuito de coimas y sobreprecios en medicamentos que involucra a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y que llegó hasta la Casa Rosada.

El giro quedó claro a fines de la semana pasada, cuando los trabajadores de la Agencia fueron notificados de que “se seguirá dando de baja pensiones”. La confirmación se dio en paralelo a la presentación del proyecto de Presupuesto 2026, donde el Ejecutivo proyecta que entre este año y el próximo habrá 155.606 pensiones menos sobre un total actual de 1.133.549.

El anuncio choca además con la reciente promulgación —y suspensión inmediata de ejecución— de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso tras el rechazo al veto presidencial. En la práctica, ni el Parlamento ni la Justicia han logrado frenar el avance de las bajas, salvo en Formosa, donde una presentación de la Defensoría del Pueblo respaldada por el gobierno provincial obligó a restituir más de 14.500 beneficios.

Las auditorías habían sido diseñadas durante la gestión de Diego Spagnuolo con el objetivo explícito de reducir al máximo el padrón de beneficiarios. Entre las maniobras denunciadas figuran notificaciones enviadas a domicilios inexistentes o desactualizados, lo que derivaba en la suspensión automática de las pensiones al no presentarse los titulares.

En esta nueva etapa, PAMI fue incorporado al esquema: recibirá los listados de pensionados a auditar, asignará los turnos y los devolverá a Andis, que notificará a los beneficiarios. No obstante, la etapa crítica sigue siendo la notificación, el punto por el cual ya se recortaron 111.463 pensiones durante la gestión libertaria.

A esto se suma el desbande interno en la Agencia. Tras la salida de Spagnuolo, la intervención y la investigación judicial, los sistemas informáticos quedaron paralizados por la renuncia de un responsable clave. Esto demora los trámites administrativos para concretar las bajas, aunque no detiene la decisión política de avanzar con el recorte.