La Justicia de Río Negro ordenó frenar los descuentos abusivos que dejaban a docentes con sueldos de “cero pesos”

La Justicia de Río Negro emitió dos fallos que golpearon de lleno al Ministerio de Educación y expusieron una práctica extendida y perjudicial: docentes que, tras una cadena de descuentos por préstamos realizados mediante código de descuento, terminaban cobrando sueldos netos reducidos a cero. La Cámara Segunda del Trabajo de General Roca determinó que este mecanismo, utilizado durante años por entidades financieras con aval del Estado provincial, vulneraba de manera directa la protección alimentaria del salario.

Los casos se originaron a partir de dos docentes afiliadas a UnTER que, al acumular cuotas de préstamos descontadas directamente de sus haberes, se encontraron sin ingresos para cubrir sus necesidades básicas. El tribunal señaló que esta práctica era incompatible con las normas constitucionales y principios internacionales que resguardan el salario como derecho esencial, y que ningún convenio administrativo puede justificar que un trabajador quede sin sustento.

La Cámara estableció un límite estricto: los descuentos por préstamos no podrán exceder el 33% del salario neto. El fallo reveló además una omisión prolongada del Gobierno rionegrino. Desde 2018 existía una normativa destinada a evitar precisamente estas situaciones, pero su aplicación había sido suspendida en 2020 bajo el argumento de que el sistema informático provincial debía actualizarse. Con el paso de más de cinco años sin avances, la Justicia consideró inadmisible que la suspensión siguiera vigente y advirtió que el Estado no puede mantener indefinidamente una condición técnica que termina habilitando abusos.

Asimismo, la sentencia ordenó al Ministerio de Educación limitar inmediatamente los descuentos, corregir la liquidación de haberes y garantizar que ningún docente vuelva a percibir un salario reducido a cero. La resolución afecta no solo a las trabajadoras que llevaron los casos a la Justicia, sino que también sienta un precedente para miles de empleados estatales que se encuentran en situaciones similares.

El abogado que patrocinó a las docentes, Diego Broggini, advirtió públicamente que lo ocurrido es parte de un problema mucho más amplio que afecta a numerosos trabajadores del Estado. Señaló que el sistema de códigos de descuento se convirtió en un circuito que beneficia a mutuales y entidades financieras mientras deja a los empleados provinciales endeudados y sin capacidad de sostener su nivel de vida.

Los fallos marcan un punto de inflexión para la docencia y para el sistema salarial estatal en Río Negro. La Justicia recordó que el salario no es un activo disponible para el mercado financiero ni un recurso que el Estado pueda comprometer sin límites, sino un derecho básico que debe ser preservado. La decisión obliga ahora al Gobierno provincial a revisar su política de descuentos automáticos y a dejar atrás un esquema que durante años afectó de manera silenciosa pero devastadora a los trabajadores públicos.