Reformismo, hegemonía y la paradoja de la economía dividida de Milei

Milei capitalizará la nueva composición legislativa para impulsar las reformas estructurales de 2026, que el Gobierno ha definido como el año del "reformismo". Este esfuerzo se basa en la construcción de una "hegemonía" política, buscando convertirse en la fuerza dominante que obtenga el apoyo de otros actores, ya sea por sometimiento o colaboración, con el objetivo de cumplir con la hoja de ruta de reformas estructurales. 

La mayor ganancia política de Milei no reside solo en la "estabilidad" de su imagen (49% positiva, superior a la de Macri y Fernández a los dos años de mandatos), sino en el cambio drástico del mapa legislativo. Atrás quedó la "verdadera pesadilla" de 2025. La Libertad Avanza (LLA) logró crecer exponencialmente (140% en Diputados, 233% en el Senado) para convertirse en la primera minoría en Diputados con 95 integrantes. De esta manera tenemos el primer ítem de esta hoja de ruta: 

1. Consolidación del Poder Legislativo y Blindaje Presidencial

El aumento de la representación en el Congreso es clave: 

En Cámara de Diputados: La Libertad Avanza se convirtió en la primera minoria con 95 integrantes, pasando del 15% al 36% del total de bancas, gracias a la captación de legisladores del PRO y la crisis interna del peronismo. Los 69 escaños restantes (26%) se reparten entre bloques de gobernadores, radicales y macristas, y es de este grupo que el Gobierno buscará obtener las voluntades necesarias para aprobar sus proyectos. 

En el Senado: LLA pasó de tener el 8% al 27% del total de miembros, con un crecimiento exorbitante del 223% en esta cámara y del 140% en Diputados, si bien se explica por la escazes inicial. 

Esta nueva dinámica despeja el peligro de no reunir el tercio necesario que blinde las decisiones presidenciales y elimina la amenaza de un juicio político. Esto abre un escenario de mayores posibilidades para la Casa Rosada, dejando atrás la "verdadera pesadilla" legislativa que significó 2025. 

2. Impulso a la Agenda de Reformas Estructurales 

El plan de reformas para el 2026 ya se inició con la convocatoria a sesiones extraordinarias del 10 al 30 de diciembre. Las iniciativas clave incluyen: Presupuesto 2026 (fundamental tras dos años de prórrogas), Reforma laboral (un cambio significativo en las normas laborales), Inonencia fiscal y el compromiso para la estabilidad fiscal y monetaria, Reforma de la Ley de glaciares (se busca una aclaratoria sobre las zonas "periglaciares", lo cual es exigido por las empresas mineras para obtener seguridad sobre el desarrollo de su actividad) y la Reforma del Código Penal.

Proyectos sensibles como la reforma tributaria y previsional quedaron pendientes y, en el caso previsional, será lo último que se ponga en discusión. 

3. Fortalecimiento Político y Judicial

El  Gobierno también busca ejercer influencia en el Poder Judicial y expandir la presencia territorial del partido: 

Consejo de la Magistratura: Por primera vez, los libertarios están cerca de tener una silla política en el Consejo, el organismo encargado de la selección y remoción de magistrados. Hay una intención en la Casa Rosada de promover un nuevo marco legal para la modificación del Consejo de la Magistratura, aunque no se estima que sea inminente. 

Estructura del Partido (LLA): Karina Milei, arquitecta de la estructura política, ha definido un rol expansionista para el partido, pidiendo a sus operadores que mueva el sello. La instrucción es fortalecer la actividad en las provincias con trabajo de militancia tradicional y establecer una estrategia para marcar agenda en las Legislaturas provinciales, incluso donde la representación es inexistente o simbólica. 

Impulso de la Boleta Única Provincial: Una estrategia coordinada es presentar proyectos locales de boleta única en todas las Legislaturas, replicando el logro que Milei se atribuye a nivel nacional. La intención es introducir esta discusión en la mayoría de las jurisdicciones donde la modalidad aún no se replica. 

De esta manera, la capitalización de la nueva fuerza legislativa busca generar una plataforma estable que permita la aprobación de leyes clave orientadas a la inversión y la estabilidad económica, mientras el partido trabaja activamente en la construcción de una hegemonía que trascienda la Casa Rosada y se extienda al ámbito judicial y territorial. 

La contradicción de la doble velocidad

Si bien la euforia ha vuelto a los niveles de arranque en el universo libertario, la fortaleza política transita un terreno económico frágil, lo que algunos han denominado la "paradoja libertaria". A diciembre de 2025, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) alcanzó el punto más alto de la gestión Milei, evitando una recesión técnica. 

Sin embargo, el dato agregado esconde una profunda desigualdad. La economía argentina está marcada por dos velocidades: 

1. Sectores ganadores: Actividades como el agro (aumento del 45%), la intermediación financiera (16,8%) y la minera (15,7%) han mejorado su perfomance. 

2. Sectores perdedores: La construcción (-14,2%), la industria (-9,5%) y el comercio (-4,9%) lideran las caídas. 

La discrepancia es crítica porque estos tres sectores en declive representan el 44,7% del total de empleos privados registrados en 2025. Mientras que los sectores ganadores impulsaron el crecimiento y un "efecto estadístico" positivo (especialmente la intermediación financiera y los impuestos), la sensación de crecimiento percibida por hogares y empresas en sectores urbanos sigue siendo moderada. 

En este contexto, la inflanción complica el panorama, especialmente en los sectores perdedores. En noviembre, la inflación nacional subió 2,5%, impulsada por precios regulados (3,3%), pero sobre todo por alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). El precio de la carne, por ejemplo, saltó 4,5%. Analistas señalan que la inflación se aceleró y los alimentos "viajan al doble" que hace un par de meses, con las subas en tarifas y combustibles como pilares constantes del incremento. Los combustibles, por ejemplo, subieron debido a aumentos impositivos, no por la cotización del petróleo. 

Para la administración Milei, esta volatilidad no es un efecto secundario, sino parte de una estrategia para "normalizar a la baja" la economía argentina, buscando reducir el salario de los trabajadores formales, medido en dólares, hasta equipararse con el promedio del resto de los países de América Latina. Mientras el salario promedio del sector privado formal en Argentina es de $1,336 USD, el promedio de la región ronda en los $565 USD. Para lograr este ajuste, el Gobierno aplica una apertura comercial intensa, contracción del consumo, costos financieros exorbitantes, tarifazos y precios de combustibles dolarizados, y degrada organismos científicos. La industria (que genera el 20% del empleo formal y paga remuneraciones 19% más altas que el promedio) responde reduciendo tareas, enfocándose en la importanción o negocios financieros, y suspendiendo personal. La variable de ajuste más próxima es la presión baja sobre los salarios, facilitada por el creciente desempleo y la informalidad. 

Los claros ganadores en esta reestructuración, que han visto sus precios aumentar muy por encima del índice general de inflación (que se estima en 250% entre noviembre de 2023 y el mismo mes en 2025), son los sectores de energía, minería, bancos y servicios públicos privatizados/concesionados (como el gas, que subió 617%, o el boleto de colectivo, que subió 834%). Estos sectores tienen demanda cautiva y operan en mercados híper concentrados, lo que les permite imponer condiciones. 

El arma estructural del reformismo: La Reforma Laboral

Para sellar el destino de la reestructuración económica y disciplinar al trabajador, el Gobierno impulsa una reforma laboral agresiva, que es clave en la agenda del "reformismo" de 2026. Este anteproyecto va directamente contra el poder sindical y el modelo de gremio único asociado a la CGT. 

Los cambios más trascendentales son: 

1. Restricciones a la Acción Sindical: Las asambleas dentro o fuera del establecimiento requerirán autorización previa del empleador (lugar, horario y duración), y el trabajador no devengará salarios durante el tiempo que duren. 

2. Recorte al Derecho de Huelga: Se establece un sistema de servicios mínimos: los servicios esenciales (sanitarios, energéticos, comunicaciones) deben garantizar un 75% de prestación normal. Las actividades de importancia trascendental (transporte terrestre, industria alimenticia, banca, agro, comercio electrónico) deben garantizar un 50%. Además, se exige un preaviso de 5 días para medidas de acción directa. 

3. Cambios de Negociación y Financiamiento: Se da prevalencia al convenio colectivo por empresa sobre el convenio de actividad, debilitando el poder del gremio grande. En cuanto al financiamiento, los empleadores ya no estarán obligados a actuar como agentes de retención de las cuotas de afiliación, lo que impacta directamente en el patrimonio sindical. 

4. Prácticas Desleales: Se consideran prácticas desleales, merecedoras de multas, la interferencia intencional en la actividad de la empresa mediante asambleas u otras medidas de acción directa, la afiliación compulsiva y las represalias contra trabajadores que no se adhieran a una medida de fuerza. 

La hegemonía cimentada en la erosión social y la restricción de derechos

La celebración de la "hegemonía" y el "reformismo" en 2026, si bien muestra una rara estabilidad en la imagen presidencial, esconde una estrategia de transformación estructural que es, a todas luces, regresiva y altamente riesgosa para la cohesión social y productividad a largo plazo. La gran crítica al modelo de Milei radica en la intencionalidad del ajuste. No se trata de una recesión necesaria para la estabilización, sino de una "normalización a la baja" del nivel de vida argentino. El objetivo explícito es reducir el salario formal en dólares a los niveles promedio de la región sudamericana ($565 USD), implica la destrucción de la matriz productiva que históricamente sustentó los mejores ingresos y condiciones laborales de la región. Al asfixiar a la industria, la construcción y el comercio (sectores que emplean a casi la mitad de los trabajadores formales), el gobierno desmantela la estructura productiva más desarrollada de Latinoamérica, reemplazándola por una economía primarizada y financiera. Este proceso, con precios de servicios públicos y combustibles disparados, transfiere riqueza de los trabajadores y los sectores productivos al puñado de empresas concentradas que operan con demanda cautiva (energía, bancos, minería). 

La Reforma Laboral, lejos de ser un avance modernizador, funciona como el brazo ejecutor legal de este ajuste de salarios, disciplinando a la fuerza al trabajador formal. La ley propuesta ataca pilares democráticos fundamentales del derecho laboral. La exigencia de la autorización previa del empleador para realizar asambleas dentro o fuera del establecimiento y la estipulación de que el trabajador no devengará salarios durante su duración, equivale a una severa coartación del derecho a organizarse. Más aún, la amenaza de multas por considerar la interferencia intencional en la actividad de la empresa mediante asambleas como una "práctica desleal" criminaliza, en esencia, la protesta sindical legítima. La prioridad otorgada al convenio colectivo por empresa sobre el de actividad, y la eliminación de la obligatoriedad de retener cuotas sindicales, buscan pulverizar el poder de los sindicatos grandes y facilitar la presión a la baja sobre las remuneraciones. 

Si la política de Milei no logra hacer que la prosperidad percibida por los sectores "ganadores" y los inversores se traduzca en alivio tangible para la vasta mayoría de los trabajadores con sectores productivos en caída, el destino de su gobierno estará determinado por las consecuencias del modelo económico en términos de actividad y empleo, mucho más que por su blindaje legislativo.  La partida, parece encaminarse a un "jaque" en la distribución del ingreso, cuya intensidad se asemeja a las transformaciones de la Convertibilidad, con el riesgo de un "mate" para la estructura productiva nacional. 

El crecimiento macroeconómico forzado por sectores altamente concentrados y no generadores de empleo masivo y calificado, mientras se desmantelan los mecanismos de defensa del trabajador y se empujan los salarios a la baja, es el costo real y regresivo del "reformismo" de 2026.