El Gobierno avanza con la derogación de estatutos clave y más de una decena de leyes laborales

Con un proyecto de 71 páginas y 191 artículos, el Gobierno nacional presentó formalmente en el Senado una profunda Reforma Laboral que no solo introduce cambios en el régimen de contratación e indemnizaciones, sino que además avanza sobre una demolición normativa sin precedentes en materia de derechos del trabajo.

Según advirtió el diputado nacional por Neuquén de Unión por la Patria, Pablo Todero, la iniciativa libertaria implica la derogación total o parcial de al menos 17 leyes que regulaban actividades, estatutos profesionales y condiciones laborales específicas, algunas de ellas vigentes desde hace décadas.

El listado difundido por el legislador expone el verdadero alcance del proyecto: la eliminación directa de estatutos históricos y marcos regulatorios que protegían a sectores enteros del mundo del trabajo.

Estatutos históricos bajo la motosierra

Entre las derogaciones totales más sensibles figuran el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908), el Estatuto del Viajante de Comercio (Ley 14.546), la Ley de Teletrabajo (27.555) y el Estatuto del Peluquero (Ley 23.947). Se trata de normativas que establecían derechos específicos, condiciones de contratación, jornadas y garantías frente a despidos arbitrarios.

A esto se suma la eliminación del Fondo de Garantía de Créditos Laborales (Ley 23.472), un instrumento clave para asegurar el cobro de acreencias laborales en casos de insolvencia, y la derogación de leyes vinculadas a la protección de la mano de obra nacional y a regímenes especiales de trabajo.

También quedan sin efecto normas como la Ley 20.657, que regulaba la actividad comercial de supermercados, y la Ley 12.867, que establecía el régimen laboral de los choferes particulares.

Avance sobre jornada, convenios y trabajo agrario

El proyecto no se limita a derogaciones totales. También introduce recortes parciales en leyes estructurales del derecho laboral argentino. Entre ellas, el Régimen de Trabajo Agrario (Ley 26.727), la histórica Ley de Jornada Laboral (11.544), el marco regulatorio de las PyMEs (24.467), la Ley de Trabajo a Domicilio (12.713) y la Ley de Convenciones Colectivas de Trabajo (14.250).

Además, se dejan sin efecto disposiciones del Estatuto del Empleado Administrativo de Empresas Periodísticas y de las normas que regulaban las condiciones de trabajo de operadores radio-telegráficos y afines.

Un rediseño integral del mundo del trabajo

Para Todero y otros legisladores de la oposición, la reforma no constituye una “modernización” sino un rediseño integral del sistema laboral argentino, con una fuerte pérdida de derechos y una transferencia de poder desde los trabajadores hacia los empleadores.

“El proyecto ataca todos los institutos del trabajo”, advirtió el diputado, al tiempo que remarcó que muchas de las leyes derogadas no eran obsoletas, sino herramientas de protección frente a la precarización y la desigualdad en sectores particularmente vulnerables.

Debate abierto y fuerte resistencia

El ingreso formal del proyecto al Senado abre ahora un debate legislativo que promete ser áspero. Sindicatos, organizaciones profesionales y sectores de la sociedad civil ya anticiparon su rechazo, al considerar que la reforma avanza sobre conquistas históricas y rompe el equilibrio del contrato social del trabajo.

Mientras el Gobierno insiste en que la iniciativa busca generar empleo y reducir la litigiosidad, sus críticos advierten que el costo real será una mayor precarización laboral, la pérdida de derechos sectoriales y un retroceso en la protección legal de millones de trabajadores.

La discusión recién comienza, pero el alcance de las derogaciones deja en claro que la reforma laboral no es un ajuste técnico: es una transformación profunda del mapa de derechos laborales en la Argentina.