Por DNU, el Gobierno reformó la Ley de Inteligencia Nacional y redefinió el rol de la SIDE

El Gobierno nacional oficializó este viernes una profunda reforma del sistema de inteligencia argentino mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520. La norma, publicada en el Boletín Oficial, introduce cambios estructurales en la organización, conducción y funciones del esquema, con un fortalecimiento del rol de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), que pasa a concentrar la dirección estratégica del sistema.

Según los considerandos del decreto, la reforma busca eliminar superposiciones normativas, ordenar competencias, fortalecer los controles internos y mejorar la coordinación entre organismos, en un contexto atravesado por nuevas amenazas tecnológicas, criminales y geopolíticas. El Ejecutivo justificó el uso del DNU en la necesidad de actuar con rapidez ante la imposibilidad de aguardar el trámite legislativo ordinario.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación de la Comunidad de Inteligencia Nacional (CITN), un ámbito interinstitucional permanente que integrará a los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional, las áreas de inteligencia de las Fuerzas Armadas, fuerzas policiales y de seguridad federales, y otros organismos del Estado con competencias afines. Este espacio funcionará bajo la conducción de la SIDE y tendrá como objetivo coordinar y centralizar la producción de inteligencia estratégica.

En paralelo, el decreto crea la Comunidad Informativa Nacional (CIFN), integrada por ministerios y organismos públicos que, sin producir inteligencia en sentido estricto, aportarán información relevante para el análisis estratégico nacional. Entre ellos se encuentran las carteras de Relaciones Exteriores, Justicia y Seguridad Nacional, además del Registro Nacional de las Personas, Migraciones, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Dirección General de Aduanas, entre otros.

Otro cambio relevante es la separación formal entre ciberseguridad y ciberinteligencia. En ese marco, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), que funcionará como organismo descentralizado bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete, y será la autoridad nacional en la protección del ciberespacio, las infraestructuras críticas y los activos digitales estratégicos. A su vez, la ex Agencia Federal de Ciberseguridad pasa a denominarse Agencia Federal de Ciberinteligencia, con foco exclusivo en la producción de inteligencia en el dominio digital.

En materia de seguridad estratégica, el DNU dispone que la Agencia de Seguridad Nacional pase a llamarse Agencia Nacional de Contrainteligencia, redefiniendo sus funciones para orientarlas exclusivamente a la identificación y análisis preventivo de amenazas como espionaje, sabotaje, injerencia e influencia extranjera. La norma incorpora además una definición explícita de la contrainteligencia y establece la obligación de aplicar medidas pasivas de seguridad en todo el Sector Público Nacional, bajo responsabilidad de los titulares de cada organismo.

El decreto también introduce cambios en la inteligencia militar, al disponer la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, y transferir sus funciones y recursos a la Dirección General de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El objetivo, según el Gobierno, es eliminar superposiciones históricas y mejorar la eficiencia del sistema.

En cuanto a los controles internos, la División de Asuntos Internos pasa a denominarse Inspectoría General de Inteligencia, con mayores atribuciones para realizar auditorías, investigaciones internas, inspecciones y evaluaciones sobre el uso de recursos, la eficacia operativa y la integración funcional de los organismos del sistema.

La reforma refuerza además el poder de conducción de la SIDE, que se consolida como órgano superior del Sistema de Inteligencia Nacional, con facultades para aprobar presupuestos, controlar gastos —incluidos los gastos reservados— y centralizar la designación y remoción de los titulares de los organismos desconcentrados. También se habilita expresamente a los organismos de inteligencia a solicitar apoyo técnico o logístico de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad federales y policías, bajo autorización del secretario de Inteligencia.

Desde el Gobierno, encabezado por Javier Milei, sostuvieron que la transformación apunta a modernizar el sistema, profesionalizarlo y alinearlo con estándares democráticos, dejando atrás prácticas de espionaje interno y uso político de los servicios de inteligencia. El DNU será ahora remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre su validez, mientras el Ejecutivo avanza con una de las reformas más profundas del sistema desde la sanción de la ley en 2001.