07/01/2026 - Edición Nº2590

Río Negro

Denuncia

Por irregularidades, denuncian al intendente de Cinco Saltos

El Tribunal de Cuentas presentó una nueva denuncia penal contra Enrique Rossi por presuntas irregularidades en contrataciones y pagos realizados entre 2024 y 2025. La acusación también alcanza a funcionarios de su gabinete.



El Tribunal de Cuentas de Cinco Saltos presentó una nueva denuncia penal contra el intendente Enrique Rossi por presuntas irregularidades detectadas en contrataciones y pagos efectuados durante los años 2024 y 2025. La acusación alcanza además a los secretarios de Hacienda y Gobierno, y de Obras Públicas del municipio.

 

La presentación fue ingresada el pasado 26 de diciembre ante la Fiscalía local, aunque tomó estado público en las últimas horas. Se trata de la segunda denuncia impulsada por el órgano de control, luego de una presentación realizada en 2025 por presunta defraudación a la administración pública.

 

La denuncia fue promovida por los vocales del Tribunal de Cuentas, Omar Torres y Gabriela Dergo, quienes también habían impulsado la acción anterior. En esta oportunidad, solicitaron que se investigue una operatoria vinculada a un proveedor municipal y una serie de pagos que, según el escrito, carecerían de respaldo legal y administrativo.

 

De acuerdo a la denuncia, los montos observados ascienden a $98.650.967,40, de los cuales ya se habrían abonado $39.202.414,89. En la presentación se solicita investigar la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, peculado, administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

 

Uno de los puntos centrales señalados es la relación contractual con un proveedor que, según el Tribunal, “inició su vínculo con la Municipalidad como personal contratado” y posteriormente pasó a facturar como monotributista. Los vocales advirtieron que al momento de celebrarse las contrataciones cuestionadas, el proveedor no integraba el Registro de Proveedores Municipales, sino que figuraba como empleado contratado.

 

También se cuestionan contrataciones directas que habrían superado los montos permitidos por la ordenanza vigente. En uno de los casos, el Tribunal indicó que “el importe mensual autorizado supera el monto máximo para contratación directa” y remarcó que no existiría la factura correspondiente, a pesar de que los pagos fueron efectivamente realizados.

 

La falta de respaldo documental es otro de los ejes de la denuncia. En distintos tramos del escrito se subraya que “no hay factura, ni resolución, ni contrato válido que justifique el gasto”, lo que, a criterio del órgano de control, agrava la situación.

 

Asimismo, se denunció el alquiler de vehículos y maquinarias que no serían propiedad del proveedor contratado. Según se detalla, “se facturaron camiones y maquinarias que no son de titularidad del proveedor, sin contrato de comodato válido ni autorización del titular registral”.

 

El Tribunal de Cuentas también alertó sobre una presunta restricción sistemática al acceso a la información pública. En ese sentido, señaló que existen más de 300 resoluciones municipales que no figuran en los registros oficiales y a las que el organismo no pudo acceder, pese a reiterados pedidos formales.

 

Antecedentes y otras denuncias

 

Omar Torres recordó que esta no es la primera denuncia penal presentada contra la gestión del intendente Enrique Rossi y cuestionó la falta de avances judiciales en las causas anteriores. Según explicó al diario Río Negro, las denuncias previas fueron presentadas ante la Fiscalía de Cipolletti y estuvieron vinculadas a distintos hechos ocurridos durante el primer año de la actual administración.

 

Entre los antecedentes mencionados figura el gasto realizado para la fiesta aniversario de la ciudad, donde se habría contratado a una empresa recientemente creada, cuyas únicas facturas correspondían al municipio. Al revisar esa operatoria, el Tribunal detectó que el monto abonado superó en más de 10 millones de pesos lo establecido en los contratos.

 

Torres también mencionó una denuncia vinculada al pago de 60 millones de pesos a ATE, fondos que, según indicó, no estaban debidamente registrados en el sistema contable municipal. A esto se sumó una operatoria con una inmobiliaria local, en la que se habrían devuelto terrenos a cambio de luminarias que, de acuerdo al Tribunal, nunca fueron incorporadas ni registradas formalmente.

 

Otro hecho denunciado fue la autorización para el uso de un vehículo particular del intendente, con gastos de combustible a cargo del municipio. Según Torres, se detectaron consumos reiterados y situaciones irregulares, entre ellas dos cargas de combustible realizadas el mismo día.

 

Sobre el estado de esas causas, el vocal fue contundente: “Fueron cuatro o cinco presentaciones que hicimos y no pasó nada”. Por ese motivo, explicó que la nueva denuncia se presentó con una estrategia distinta, orientada a constituirse como querellantes. “Denunciamos para no ser cómplices”, afirmó, y advirtió que el Tribunal de Cuentas continuará recurriendo a otras instancias judiciales si no se registran avances en la investigación.

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