El oficialismo ahora cuestiona nuevos nombramientos nacionales, pero calló ante las irregularidades previas en el PAMI

El bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro (JSRN) salió esta semana a cuestionar los recientes nombramientos realizados por el Gobierno nacional en organismos estratégicos de la provincia, como Vialidad Nacional y el PAMI, al advertir que se trata de designaciones sin idoneidad técnica ni conocimiento del territorio. Sin embargo, el pronunciamiento dejó expuesta una fuerte contradicción política: cuando esos mismos organismos estuvieron envueltos en denuncias por presuntas irregularidades y manejo partidario, el oficialismo provincial no realizó ningún cuestionamiento público.

La reacción se produjo luego de que se confirmara la designación del roquense Nisim Tasat como nuevo titular de Vialidad Nacional en Río Negro y de cambios recientes en la conducción del PAMI. Desde la bancada que preside Facundo López expresaron su “preocupación” por decisiones que, según afirmaron, dejan áreas sensibles “en manos de personas sin experiencia, sin idoneidad técnica y sin conocimiento real de la provincia”.

Para JSRN, las designaciones responden a “la lógica de repartir cargos por afinidad política y para saldar internas de La Libertad Avanza”, sin evaluar su impacto en la vida cotidiana ni en el desarrollo provincial. No obstante, ese nivel de severidad no se había manifestado cuando los organismos nacionales estuvieron bajo la órbita política de la diputada libertaria Lorena Villaverde.

En el caso del PAMI, el contraste es aún más evidente. En septiembre de 2025, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro denunció públicamente presuntos sobreprecios millonarios en la compra centralizada de lentes intraoculares para cirugías de cataratas. Según el gremio, la obra social adjudicó una licitación por más de 80.000 millones de pesos a cinco empresas, con valores entre cuatro y seis veces superiores a los que se pagaban hasta julio, cuando el sistema era contra factura a los profesionales.

Desde ATE advirtieron que cada lente pasó a costar entre 150.000 y 230.000 pesos, cuando antes rondaba los 35.000, y alertaron además sobre el uso de insumos de menor calidad y complicaciones posteriores en pacientes operados. La denuncia fue replicada a nivel nacional por el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, quien habló directamente de “quintuplicación de precios” y posibles retornos en la operatoria.

A pesar de la gravedad de esas acusaciones —que también incluyeron señalamientos por el uso político del PAMI y la falta de cobertura adecuada para más de 100.000 afiliados rionegrinos— JSRN no emitió comunicados ni cuestionamientos institucionales. El silencio se mantuvo incluso cuando las denuncias tomaron estado público a través de informes periodísticos nacionales y de pronunciamientos gremiales.

Una situación similar se observa en Vialidad Nacional, organismo que quedó sin conducción efectiva desde agosto pasado, tras la renuncia de Enzo Fullone para sumarse a la campaña electoral y luego asumir como senador por La Libertad Avanza. Durante ese período, el deterioro de las rutas y la paralización de obras avanzaron sin mayores cuestionamientos del oficialismo provincial.

Recién ahora, con la designación de nuevas autoridades, JSRN advirtió que “del estado de las rutas depende la seguridad vial y el funcionamiento del turismo, el gas, el petróleo, la minería, la fruticultura y la integración productiva”, y remarcó que esas responsabilidades “no pueden quedar libradas a la improvisación ni a nombramientos por conveniencia partidaria”.

Desde el bloque también señalaron que las pocas obras que avanzan en rutas nacionales lo hacen por orden judicial, a partir de un amparo colectivo impulsado por el gobernador Alberto Weretilneck, intendentes y vecinos, y no por una decisión política del Ejecutivo nacional. En ese marco, cuestionaron perfiles sin antecedentes técnicos ni experiencia en gestión de infraestructura.

Finalmente, JSRN sostuvo que no aceptará que organismos nacionales estratégicos “sean utilizados como botín político ni como herramienta para resolver internas partidarias”, y exigió funcionarios con capacidad técnica y conocimiento real de la provincia. Sin embargo, la polémica dejó en evidencia una doble vara: el oficialismo rionegrino alza la voz frente a nuevas designaciones, pero eligió el silencio cuando las irregularidades denunciadas se acumulaban dentro de esos mismos organismos.