La Defensoría rechazó el aumento del 49% en la tarifa de ARSA y advirtió por un “golpe al bolsillo”

El pedido de Aguas Rionegrinas S.A. (ARSA) para aplicar un aumento del 48,98% en la tarifa de agua potable y desagües cloacales generó un fuerte rechazo por parte de la Defensoría del Pueblo de Río Negro, que calificó la medida como un “golpe al bolsillo” para las familias de la provincia y cuestionó duramente la falta de fundamentos técnicos del planteo.

La solicitud fue presentada en el marco de la audiencia pública correspondiente al procedimiento de Revisión Tarifaria Extraordinaria, donde la empresa argumentó que la adecuación tarifaria es necesaria para restablecer el equilibrio económico-financiero del servicio. Sin embargo, la Defensoría sostuvo que el planteo “no satisface los estándares de razonabilidad, proporcionalidad ni transparencia” exigibles para un servicio público esencial.

El organismo, conducido por Adriana Santagati, remarcó que ARSA no aportó una justificación técnica integral que respalde el incremento, ni acreditó mejoras verificables en la calidad del servicio, la continuidad de la prestación o el cumplimiento de inversiones comprometidas con anterioridad. A ello se suma, advirtió, el impacto negativo que el aumento tendría sobre la economía de los usuarios.

En ese sentido, la Defensoría recordó que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano reconocido constitucionalmente, incorporado al ordenamiento jurídico argentino a través del bloque de constitucionalidad federal (artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional). Por lo tanto, subrayó que toda decisión tarifaria debe analizarse desde una perspectiva de derechos y no exclusivamente desde criterios económicos.

“La protección de los usuarios debe ser prioritaria”, sostuvo Santagati, y afirmó que en el actual contexto socioeconómico resulta inadmisible avanzar con incrementos de esta magnitud sin mecanismos de resguardo para los sectores más vulnerables.

Entre los principales argumentos para rechazar el pedido y exhortar al Departamento Provincial de Aguas (DPA) a desestimarlo, la Defensoría enumeró la necesidad de garantizar esquemas graduales de actualización, la implementación efectiva de tarifas sociales, la prohibición de cortes por razones económicas y la consideración de la situación de fragilidad que atraviesan los hogares rionegrinos.

Finalmente, el organismo fue categórico al señalar que las familias no están en condiciones de absorber nuevos aumentos desproporcionados, especialmente cuando no existen pruebas de que los mayores ingresos solicitados por la empresa se traduzcan en mejoras reales del servicio.