El Sindicato Petrolero, de Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER) mantiene desde este miércoles un cese total de actividades con bloqueos en los accesos a los principales yacimientos de la provincia. La medida, de carácter indefinido, responde a la negativa de las empresas Patagonia Resources y Quintana E&P de reincorporar a trabajadores cuyos contratos fueron dados de baja bajo el argumento de “falta de tareas efectivas”.
Para el gremio, se trata de un ajuste encubierto en un contexto donde el precio internacional del crudo supera los 90 dólares, lo que —según remarcan— contradice cualquier justificación económica para avanzar con despidos.
El SIPGER denuncia una ola de despidos, recortes y baja de contratos desde que las operadoras privadas tomaron el control de las áreas maduras tras la salida de YPF en 2025. La dirigencia sindical sostiene que la UTE a cargo de esos yacimientos no está cumpliendo los compromisos de inversión asumidos al momento de la adjudicación.
Entre los puntos centrales del reclamo:
El sindicato advierte que la situación configura un vaciamiento progresivo de las áreas, con impacto directo en el empleo y en la producción.
Los petroleros mantienen guardias en los accesos a los yacimientos y aseguran que la medida continuará “por tiempo indeterminado” hasta que exista un plan de inversiones concreto que reactive los equipos de mantenimiento y reparación.
La paralización afecta a:
El impacto productivo comienza a sentirse en toda la cadena hidrocarburífera de la provincia.
La magnitud del conflicto obligó al Gobierno provincial a intervenir. En una reunión en Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete Pedro Luxen, junto a los ministros de Trabajo y de Gobierno, exigió a las empresas el cese inmediato de los despidos.
Luxen fue contundente:
“Las operadoras petroleras vinieron a sacar petróleo, no gente”.
El funcionario recordó que, con un barril cercano a los 94 dólares y beneficios fiscales vigentes, no existen excusas económicas para reducir planteles.
El SIPGER reclama la plena aplicación de la Ley de Emergencia Hidrocarburífera sancionada en 2025, que habilita al Estado provincial a intervenir directamente en las áreas cuando se verifique abandono, falta de inversión o riesgo para la continuidad laboral.
La dirigencia sindical sostiene que, si las operadoras no cumplen, la provincia debe asumir un rol activo para garantizar producción y empleo.
Para los próximos días se esperan nuevas mesas de diálogo, aunque el sindicato mantiene una postura firme: no habrá reactivación total hasta que se garantice la estabilidad de cada puesto de trabajo y se verifique un compromiso real de inversión en el suelo santacruceño.
El conflicto se convierte así en uno de los más importantes del sector en los últimos años, con impacto regional y nacional en un momento de precios internacionales récord.