Río Negro después del 24 de marzo de 1976: la trama silenciosa del terrorismo de Estado en la provincia Patagónica

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 no inauguró la violencia política en la Argentina, pero sí la llevó a un nivel de sistematicidad y planificación sin precedentes. En la provincia de Río Negro, lejos de la centralidad mediática de Buenos Aires o Córdoba, el terrorismo de Estado se desplegó con precisión, articulando fuerzas militares, policiales y redes de inteligencia que actuaron sobre todo el territorio. Lo que siguió fue un entramado de persecución, secuestros y desapariciones que marcó a fuego a la sociedad rionegrina.

 

Después del golpe, Río Negro quedó bajo la órbita de la denominada Zona Militar 5, con asiento en Bahía Blanca. Desde allí se coordinaban las operaciones represivas en toda la Patagonia norte. La estructura incluyó al Ejército, la Policía de Río Negro, la Policía Federal y Gendarmería Nacional, que operaron de manera conjunta en tareas de inteligencia, detención y traslado de personas consideradas “subversivas”.

 

Durante la última dictadura cívico-militar (1976–1983), la provincia de Río Negro estuvo gobernada por una sucesión de interventores designados por el régimen, sin ningún tipo de legitimidad democrática. Tras el golpe del 24 de marzo asumió Néstor Rubén Castelli, quien fue rápidamente reemplazado por el contralmirante Aldo Luis Bachmann, en plena etapa de consolidación del aparato represivo. Luego continuó Julio Alberto Acuña, también proveniente de la Armada, y finalmente cerró el ciclo Carlos Alberto San Juan, ya en el tramo final del régimen. Aunque formalmente ocupaban la gobernación, el poder real residía en las Fuerzas Armadas, que definían las políticas represivas, económicas y sociales, subordinando completamente la institucionalidad provincial al esquema autoritario nacional.

 

 

La lógica no era improvisada. Los operativos respondían a un esquema nacional que combinaba vigilancia, secuestros nocturnos, interrogatorios bajo tortura y posterior liberación, traslado o desaparición de las víctimas. En Río Negro, este esquema se replicó tanto en ciudades como Viedma, General Roca, Cipolletti y Bariloche, como en localidades más pequeñas donde el control social se volvió aún más asfixiante.

 

El mapa de la represión y los centros clandestinos

 

A partir de 1976, la provincia se convirtió en un espacio donde funcionaron al menos una decena de centros clandestinos de detención. Muchos de ellos operaban dentro de comisarías o dependencias oficiales, lo que demuestra el carácter institucional del terrorismo de Estado.

 

En Viedma, la capital provincial, las detenciones ilegales y los interrogatorios se realizaron en dependencias policiales. En Cipolletti y General Roca, la represión estuvo ligada a la actividad sindical y estudiantil, con operativos dirigidos contra militantes políticos y trabajadores organizados. En Bariloche, además, se desplegó un fuerte control sobre sectores juveniles y universitarios.

 

Un caso emblemático fue el del campamento minero de Sierra Grande, vinculado a HIPASAM, donde se registraron detenciones ilegales y torturas. También funcionaron centros en comisarías de distintas localidades, configurando una red que permitía el traslado de detenidos y la circulación de información entre fuerzas.

 

 

Detenidos, desaparecidos y el alcance de la represión

 

Las cifras en Río Negro reflejan una represión menos visible que en los grandes centros urbanos, pero igualmente profunda. Según registros de organismos de derechos humanos y causas judiciales, se contabilizan decenas de personas desaparecidas vinculadas directamente a la provincia y varios cientos de detenidos políticos.

 

Muchos rionegrinos fueron secuestrados en su lugar de residencia y luego trasladados a centros clandestinos en otras jurisdicciones, especialmente en Neuquén y Bahía Blanca. Este circuito represivo regional dificulta establecer cifras exactas, pero confirma la existencia de un plan coordinado.

 

Entre las víctimas se encuentran militantes políticos, trabajadores, estudiantes y docentes. Sus historias dan cuenta de la diversidad de sectores perseguidos y del alcance del aparato represivo.

 

Nombres que reconstruyen la memoria

 

Hablar de números resulta insuficiente si no se los vincula con historias concretas. Entre los desaparecidos vinculados a Río Negro aparece el caso de Oscar Ragni, cuyo hijo, Oscar Alfredo Ragni, fue secuestrado en Neuquén en 1976 y permanece desaparecido. Su madre se convirtió en una de las referentes de derechos humanos en la región.

 

 

También se recuerda a Carlos Chávez, trabajador y militante, secuestrado en el marco de operativos represivos en la Patagonia. Su caso refleja el accionar coordinado entre fuerzas de seguridad y la persecución a activistas sociales.

 

Otro nombre es el de Héctor Giannini, vinculado a la militancia política y víctima de desaparición forzada. Su historia, como tantas otras, quedó durante años en silencio, hasta ser recuperada en los procesos de memoria y justicia.

 

Estos nombres son apenas una parte de una lista más amplia que continúa reconstruyéndose. En muchos casos, las familias tardaron décadas en conocer lo ocurrido, enfrentando el silencio institucional y la falta de información.

 

La vida cotidiana bajo vigilancia

 

Más allá de los secuestros y desapariciones, la dictadura transformó la vida cotidiana en Río Negro. El miedo se instaló en las calles, en los lugares de trabajo y en las escuelas. La vigilancia no se limitaba a los militantes: alcanzaba a vecinos, docentes, periodistas y cualquier persona considerada sospechosa.

 

En localidades más pequeñas, donde todos se conocían, el control social fue aún más intenso. La delación, el seguimiento y la presión sobre las familias generaron un clima de autocensura que se extendió durante años. La represión no solo buscaba eliminar opositores, sino disciplinar a toda la sociedad.

 

Democracia, memoria y justicia

 

Con el retorno de la democracia en 1983, comenzaron a salir a la luz los mecanismos del terrorismo de Estado en la provincia. Informes oficiales y testimonios de sobrevivientes permitieron reconstruir parte de lo ocurrido, aunque muchas causas tardaron décadas en avanzar.

 

En Río Negro, como en el resto del país, los juicios por delitos de lesa humanidad marcaron un punto de inflexión. Ex integrantes de las fuerzas de seguridad fueron investigados y condenados, y se avanzó en la señalización de ex centros clandestinos como sitios de memoria.

 

Sin embargo, el proceso no fue lineal. La persistencia de redes de poder, el silencio de algunos sectores y la falta de documentación dificultaron durante años la reconstrucción completa de los hechos.

 

Una historia que sigue abierta

 

A casi cinco décadas del golpe, la historia de la dictadura en Río Negro continúa en construcción. Cada testimonio, cada archivo recuperado y cada juicio aportan nuevas piezas a un rompecabezas que durante mucho tiempo permaneció oculto.

 

Lo que ocurrió después de 1976 en la provincia no fue un episodio aislado ni marginal. Fue parte de un plan sistemático de represión que también alcanzó a la Patagonia, dejando huellas profundas en su tejido social.

 

Recordar no es un ejercicio del pasado. En Río Negro, como en toda la Argentina, la memoria sigue siendo una herramienta fundamental para comprender el presente y defender la democracia frente a cualquier intento de repetir la historia.