La salud pública de Río Negro atraviesa uno de sus momentos más críticos en años. En los últimos días, una serie de renuncias en cargos clave dentro de hospitales de toda la provincia encendió todas las alarmas y dejó al descubierto un escenario que, lejos de ser coyuntural, responde a un deterioro estructural sostenido.
Las dimisiones se registraron en centros de salud de Bariloche, Viedma, Cipolletti, Fernández Oro, Jacobacci y Maquinchao, alcanzando incluso a la cúpula del Ministerio con la salida del viceministro Sergio Wisky. Se trata del segundo funcionario de ese rango que deja su cargo en poco tiempo, tras la salida previa de Leonardo Gil.
El fenómeno, lejos de ser interpretado como hechos aislados, empieza a configurar un patrón que preocupa tanto al ámbito político como al sanitario.
Desde el gremio ASSPUR fueron contundentes: las renuncias son la consecuencia directa de una crisis salarial que arrastra al sistema hacia un punto de no retorno.
El diagnóstico es crudo. Profesionales que no logran alcanzar ingresos dignos ni siquiera acumulando guardias, jornadas laborales extendidas que rozan el agotamiento físico y mental, y un esquema sostenido por el pluriempleo como única forma de subsistencia.
En ese contexto, la calidad de atención empieza a resentirse. No solo por la falta de personal, sino también por el desgaste acumulado de quienes continúan sosteniendo el sistema en condiciones cada vez más precarias.
La crisis no se limita a lo salarial. Según denuncian desde el sector, los hospitales enfrentan una combinación explosiva de falta de insumos, equipamiento fuera de servicio y procesos de modernización implementados sin condiciones reales.
La digitalización del sistema, lejos de representar una mejora, es vista como una decisión desconectada de la realidad cotidiana de los hospitales, donde muchas veces ni siquiera están garantizados los recursos humanos básicos.
Este escenario empuja a un aumento progresivo de las derivaciones al sector privado, profundizando un modelo sanitario fragmentado y desigual.
En medio de este cuadro, las críticas se concentran sobre el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis. Desde ASSPUR no solo cuestionan su gestión, sino que directamente exigen su renuncia.
La secretaria gremial Marisa Albano fue categórica al responsabilizar al funcionario por el estado actual del sistema. Según planteó, las decisiones tomadas desde el ministerio —incluyendo cambios en la estructura interna— profundizaron la crisis en lugar de contenerla.
También puso en duda la capacidad de conducción, al señalar que se trata de un perfil proveniente del sector privado que, según su visión, no logra comprender la lógica ni las necesidades del sistema público.
La crisis sanitaria dejó de ser un problema sectorial para convertirse en un frente político de alto impacto. El reclamo gremial ya no se limita a mejoras salariales, sino que apunta directamente a la conducción del área y, en consecuencia, al gobierno provincial.
El planteo de fondo es claro: sin una decisión política que revierta el rumbo, el sistema corre riesgo de un vaciamiento progresivo, con pérdida de profesionales, deterioro en la atención y mayor dependencia del sector privado.
En este contexto, la presión ahora se traslada al gobernador, que deberá definir si respalda la actual conducción o impulsa cambios en un área que muestra signos evidentes de agotamiento.
Las renuncias en cadena no solo debilitan la estructura de conducción, sino que generan un efecto dominó difícil de contener. Cada salida implica mayor carga para quienes quedan, lo que a su vez incrementa las probabilidades de nuevas dimisiones.
Así, el sistema sanitario rionegrino empieza a entrar en una dinámica peligrosa, donde la crisis se retroalimenta y amenaza con volverse inmanejable.
La advertencia ya está sobre la mesa: sin respuestas urgentes, la salud pública podría enfrentar un escenario de colapso que impactará directamente en miles de rionegrinos.