El Gobierno adjudicó $932 millones para cursos de inglés y crecen las críticas a Weretilneck por el uso de fondos públicos

El gobierno de Alberto Weretilneck volvió a quedar en el centro de la polémica tras la adjudicación de una licitación millonaria para implementar cursos de inglés virtuales. Se trata del proceso 112/2025, mediante el cual la provincia comprometió $932.400.000 en el marco del programa “Río Negro Bilingüe”, una iniciativa que ya genera cuestionamientos por su costo, su ejecución y las decisiones políticas que la rodean.

Lejos de tratarse de una política educativa sin controversias, el programa expone tensiones en varios frentes: desde la exclusión de la oferta más barata hasta la utilización de fondos públicos específicos, pasando por la elección de una empresa externa y el rol de un área estatal que no pertenece al sistema educativo.

Una licitación cuestionada por descartar la oferta más económica

El proceso licitatorio comenzó en enero en Viedma con la participación de tres empresas. Desde el inicio, los números marcaban una diferencia clara entre las propuestas, con una opción considerablemente más económica que el resto.

Sin embargo, esa oferta fue descartada por la comisión de preadjudicación bajo el argumento de que la plataforma presentada no estaba específicamente diseñada para la adquisición de lenguas. La decisión permitió avanzar con la adjudicación a EDIR Emprendimientos SRL, cuya propuesta resultaba más costosa.

Este punto se convirtió rápidamente en uno de los ejes del debate. En un contexto donde el propio gobierno insiste en la necesidad de optimizar el gasto público, haber dejado de lado la alternativa más barata sin una justificación contundente abre interrogantes sobre los criterios aplicados en la evaluación.

El alto costo por alumno y la comparación con el mercado

Más allá del monto global, el análisis del costo por estudiante es lo que más ruido genera. El contrato contempla 10.000 licencias anuales, lo que implica que la provincia pagará alrededor de 93.000 pesos por alumno al año.

En términos mensuales, esto se traduce en aproximadamente 7.700 pesos por usuario para acceder a un servicio de aprendizaje de inglés que, en el mercado actual, puede encontrarse a valores considerablemente más bajos.

La comparación con plataformas internacionales, academias online e incluso propuestas locales deja en evidencia una brecha significativa. Esta diferencia alimenta las críticas, ya que sugiere que el Estado podría haber accedido al mismo servicio en condiciones más favorables, reduciendo el impacto sobre las cuentas públicas.

Un programa educativo gestionado desde el área de Energía

Otro de los aspectos que genera cuestionamientos es el encuadre institucional del programa. “Río Negro Bilingüe” depende de la secretaría de Energía y Ambiente, conducida por Andrea Confini, en lugar de estar bajo la órbita del Ministerio de Educación.

La decisión resulta, como mínimo, llamativa. La implementación de una política educativa desde un área vinculada a la energía no solo rompe con la lógica administrativa tradicional, sino que también debilita la articulación con el sistema educativo formal.

En una provincia que cuenta con universidades públicas, institutos de formación y organismos especializados en capacitación, la elección de este esquema refuerza la percepción de desorden y falta de planificación.

Fondos públicos de un fideicomiso bajo la lupa

El financiamiento del programa proviene del Fondo Fiduciario para la Capacitación, Desarrollo y Fiscalización de la Actividad Hidrocarburífera. Aunque se trate de un fideicomiso, los recursos son públicos, lo que obliga a garantizar transparencia y eficiencia en su uso.

En este caso, el destino de esos fondos también genera debate. Se trata de recursos vinculados a la actividad hidrocarburífera que terminan financiando un programa educativo que no guarda relación directa con ese sector.

Este desvío en la finalidad original del fondo abre un nuevo foco de crítica, ya que plantea dudas sobre la coherencia en la asignación del presupuesto y el uso de herramientas financieras del Estado.

La empresa adjudicada y sus antecedentes

La firma seleccionada, EDIR Emprendimientos SRL, es una empresa porteña dedicada a servicios tecnológicos y plataformas educativas. En los últimos años ha logrado posicionarse como proveedora del Estado, especialmente en el ámbito educativo.

Sin embargo, su trayectoria incluye un elemento que genera inquietud. La empresa fue mencionada en una causa del fuero Penal Económico por presuntas infracciones a la ley aduanera, un dato que, si bien no implica una condena, introduce un factor de riesgo en el contexto de una adjudicación millonaria.

Cuando se trata de contratos de esta magnitud, los antecedentes de las empresas suelen ser un aspecto central en la evaluación, ya que impactan directamente en la confianza institucional.

Patricia Mc Kidd cuestionó la licitación y habló de “hipocresía”

Las críticas también llegaron desde la Legislatura. La jefa del bloque de Cambia Río Negro, Patricia Mc Kidd, se pronunció en contra de la adjudicación y apuntó directamente contra el discurso del gobierno.

Desde su espacio remarcaron que no cuestionan la enseñanza del inglés, sino la contradicción en la asignación de recursos. Recordaron que en abril de 2024 presentaron el Proyecto de Ley Nº 463, que proponía incorporar el idioma desde sala de 3 años en el sistema público, con el objetivo de igualar oportunidades con la educación privada.

Según señalaron, durante 2024 y 2025 solicitaron el tratamiento de la iniciativa en la Comisión de Educación, pero la respuesta fue siempre la misma: no había presupuesto disponible.

La actual adjudicación, cercana a los 1.000 millones de pesos, contradice ese argumento y refuerza las críticas. Para la oposición, el problema no es la falta de recursos, sino las prioridades del gobierno, que decidió avanzar con una contratación externa en lugar de fortalecer la educación pública desde sus bases.

Un esquema que suma cuestionamientos políticos

La suma de todos estos factores configura un escenario que empieza a generar desgaste en la gestión de Weretilneck. La combinación de una licitación millonaria, la exclusión de la oferta más económica, el alto costo por alumno, el uso de fondos públicos específicos y los antecedentes de la empresa adjudicada conforma un cuadro difícil de justificar.

En este contexto, la discusión deja de ser únicamente técnica y se traslada al plano político. La pregunta que empieza a instalarse no es solo cuánto se gasta, sino cómo se toman las decisiones y a quién terminan beneficiando.

Porque si algo queda expuesto en este caso es que, más allá del objetivo educativo, el camino elegido por el gobierno abre dudas que, lejos de disiparse, siguen creciendo.