La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, contempla un fondo estimado en u$s400.000 millones que será distribuido entre distritos seleccionados. El mecanismo ya genera expectativa en las provincias, que enfrentan una merma sostenida en sus ingresos.
El programa alcanzará a al menos doce provincias, entre ellas Río Negro, junto a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. A este grupo se suma Entre Ríos, que había sido incorporada previamente.
La operatoria consiste en adelantar fondos correspondientes a la coparticipación federal, con el compromiso de devolución dentro del mismo año fiscal. Según fuentes oficiales, la tasa de interés será del 15%, considerablemente más baja que la del mercado, donde el financiamiento puede ubicarse entre el 30% y el 45%.
La decisión del Ejecutivo se enmarca en un escenario de deterioro de las cuentas públicas subnacionales. De acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación tributaria nacional cayó un 8% interanual en términos reales durante el primer trimestre de 2026.
En paralelo, las transferencias automáticas a provincias y a la Ciudad de Buenos Aires registraron una baja del 6,5% en el mismo período. Datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) muestran además que los ingresos tributarios acumularon una caída real del 7,5%, profundizando el impacto en las finanzas provinciales.
Según la consultora Politikon Chaco, las transferencias cayeron por tercer mes consecutivo: en marzo retrocedieron un 4,3% y el trimestre cerró con una baja del 6,4% real. En términos nominales, los envíos alcanzaron los $5,02 billones, con una suba interanual del 27,2%, insuficiente frente a la inflación.
El análisis por jurisdicción muestra que casi todas las provincias registraron caídas reales en sus ingresos por coparticipación, con excepción de Salta. En este contexto, el esquema de adelantos aparece como una herramienta clave para sostener el funcionamiento de los estados provinciales y garantizar el pago de gastos corrientes.