Ley de Salud Mental: el Gobierno enviará al Congreso cambios clave

El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Salud Mental, con cambios en algunos de los puntos más discutidos de la norma vigente. Según trascendió, la iniciativa ingresaría a Diputados entre esta semana y la próxima y no buscaría derogar la ley actual, sino reformar artículos vinculados con la internación involuntaria, el funcionamiento del Órgano de Revisión y la red de atención.

Uno de los cambios centrales apunta a la internación involuntaria. El texto mantendría ese recurso como excepcional, pero habilitaría que un psiquiatra la indique en una urgencia y que luego un equipo interdisciplinario la ratifique dentro de las 24 horas. También prevé una instancia de notificación judicial y la posibilidad de convertir una internación voluntaria en involuntaria si no corresponde el alta.

Otro eje de la reforma es el reemplazo del actual Órgano de Revisión por un Equipo Interdisciplinario de Salud Mental con mayor participación del Ministerio de Salud. Desde la cartera sanitaria sostienen que eso permitiría reforzar la supervisión técnica y evitar intervenciones alejadas del abordaje clínico de urgencias y tratamientos.

El proyecto también buscaría modificar el enfoque sobre la infraestructura de atención. En lugar de insistir en el cierre de hospitales monovalentes, la propuesta oficial plantea sostener la internación especializada y reforzar una red por niveles de complejidad, integrada por hospitales especializados, hospitales generales, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas.

Además, el Ministerio de Salud argumenta que la reforma apunta a corregir desigualdades territoriales. Según los datos citados en el artículo base, no todas las provincias adhirieron formalmente a la ley vigente y persisten diferencias en el acceso a camas, servicios y atención fuera de los grandes centros urbanos.

En el Congreso, el oficialismo cree que podrá reunir apoyos para avanzar con la modificación. Sin embargo, no todas las miradas coinciden. Mientras sectores políticos y profesionales sostienen que la ley actual tiene fallas importantes, otras voces advierten que el principal problema no es la norma en sí, sino su mala implementación, la falta de presupuesto y la escasez de recursos materiales y humanos para garantizar atención adecuada.