La legisladora provincial Magdalena Odarda, junto al bloque Vamos con Todos y con el acompañamiento del bloque PJ Nuevo Encuentro, presentó un pedido de informes dirigido al Ministerio Público Fiscal de Río Negro para que informe si se abrió una investigación sobre el ingreso de divisas extranjeras y la compra de tierras en una zona estratégica de la provincia.
La iniciativa se apoya en una declaración testimonial realizada el 7 de abril durante un juicio oral y público en San Carlos de Bariloche, donde Hugo Alberto Barabucci afirmó haber adquirido un predio de más de 14.000 hectáreas en Cerro Carreras, en las nacientes del río Chubut y dentro de un área de frontera, mediante una donación “sin cargo” de 2 millones de dólares provenientes del Estado de Emiratos Árabes Unidos.
Odarda sostuvo que el planteo debe ser abordado por el Ministerio Público Fiscal, ya que ese organismo es el que debe intervenir a partir de lo ocurrido en la audiencia judicial e impulsar las actuaciones que correspondan si existieran indicios de delito.
Entre los puntos solicitados, reclamó que se informe si se inició una investigación sobre el origen de los fondos y si se dio intervención a la Justicia Federal ante una posible comisión de delitos vinculados al ingreso irregular de divisas, lavado de dinero u otras maniobras complejas.
La legisladora puso el foco en lo que definió como la “ruta del dinero”, al señalar que los fondos habrían sido transferidos desde una cuenta del First Gulf Bank en Abu Dhabi, pasando por una cuenta en J.P. Morgan Chase en Nueva York, antes de llegar a la operación inmobiliaria.
En ese marco, también pidió que se informe si hubo intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) y si se notificó a AFIP/ARCA sobre un posible ingreso irregular de divisas o una operación que debiera haber activado controles aduaneros, fiscales o penales.
Otro de los ejes del pedido es una presunta contradicción en torno a la propiedad de las tierras. Según Odarda, mientras en la audiencia se habría afirmado que el predio pertenece a Barabucci, en registros oficiales figuraría vinculado al Fideicomiso Amaike.
Por eso, también solicitó que se determine si existió falso testimonio y si, antes de la operación, se verificó el origen lícito de los fondos utilizados para la compra.
La legisladora además reclamó que se analice si la adquisición de esas tierras, ubicadas cerca de fuentes de agua y en una zona de seguridad de frontera, se ajusta a la legislación vigente sobre tierras rurales y áreas sensibles, incluida la eventual utilización de personas interpuestas, una figura prohibida por ley.
En paralelo, adelantó que impulsará una presentación ante el Fiscal de Estado para que evalúe la eventual nulidad absoluta e insanable de la operación en caso de comprobarse irregularidades.
Odarda enmarcó el caso dentro de una preocupación más amplia sobre soberanía, control territorial y protección de bienes naturales comunes en Río Negro. También recordó antecedentes provinciales vinculados a ventas de tierras fiscales cuestionadas y a causas por fraude al Estado, al mencionar operaciones discutidas de años anteriores y la participación de actores empresariales de peso.
“Estamos ante un hecho de extrema gravedad que puede comprometer la soberanía, el control de nuestras fronteras y la protección de nuestros bienes naturales comunes. El Ministerio Público Fiscal debe actuar con urgencia e investigar a fondo”, afirmó.