Deberán pagar más Ingresos Brutos las grandes empresas mineras y las financieras

Tras la baja recaudación por el ajuste del Gobierno Nacional que golpea fuertemente las arcas provinciales, la Legislatura de Río Negro modificó el artículo 6º de la ley Impositiva Nº 5701, con el objetivo de lograr una armonización tributaria y establecer alícuotas que guarden similitud con las del resto de las provincias. La propuesta fue votada por mayoría (sólo rechazada por el PRO) y se tuvieron en cuenta una serie de modificaciones aportadas por casi todos los bloques de la oposición.

Los cambios –provenientes del Poder Ejecutivo, con acuerdo de ministros- se deben a que se trata de un tributo que, en muchos casos, alcanza a sujetos que ejercen actividades de forma interjurisdiccional, buscando que sea lo más uniforme posible en el escenario interprovincial. Además, obedecen a la clara necesidad de eficientizar la relación Gastos – Ingresos de la provincia, en un contexto de estrechez económica financiera, generado entre varios factores, por la caída en las transferencias de recursos de origen nacional a las provincias. 

“Cambios normativos y de política económica nacional generados en los últimos meses han provocado una merma significativa y sostenida de recursos a las administraciones subnacionales, tanto en transferencias automáticas como en las denominadas transferencias no automáticas, como el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensador al Transporte Público”, señala la iniciativa. En ese aspecto también se menciona la paralización desde fines del año pasado del financiamiento de la obra pública nacional.

Se agrega en la fundamentación que “el deterioro de los indicadores económicos y sociales, junto con la merma de los recursos coparticipables y de las distintas fuentes de financiamiento del gobierno nacional mencionados, afecta el desempeño fiscal del gobierno provincial que, a pesar del denodado esfuerzo puesto en el control del gasto, acota notablemente el margen de maniobra para el diseño de políticas públicas”.

“Es sabido que para asegurar la prestación de los distintos servicios esenciales que debe brindar el Estado Provincial, resulta indispensable contar con un flujo constante de recursos”, especifica la argumentación.

Lo que se descartó en la Legislatura es que no se tributará a los servicios financieros y telefonía, esto estaba en el proyecto pero legisladores quisieron sacarlo por el motivo de que este impuesto se le iba a trasladar a las personas que accedian a créditos y los que pagan las facturas telefonicas.