La empresa estratégica IMPSA pasa a manos estadounidenses

La reciente venta de IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima) a la empresa estadounidense ARC Energy ha generado un intenso debate sobre el futuro de la tecnología nuclear argentina. Este traspaso, que representa la primera privatización bajo el gobierno de Javier Milei, pone en manos extranjeras una compañía estratégica para el desarrollo de proyectos energéticos nacionales y el único proveedor de componentes de alta tecnología en el sector nuclear y de energías renovables.

Fundada hace más de un siglo en Mendoza, IMPSA ha sido un referente internacional en la fabricación de turbinas hidráulicas y componentes para centrales nucleares y renovables. Ha tenido un papel crucial en proyectos como los reactores CAREM, pioneros a nivel mundial. Sin embargo, la llegada de ARC Energy, único oferente en la licitación, plantea interrogantes sobre el futuro de la empresa. Aunque la inversión de 25 millones de dólares anunciada podría ayudar a superar la difícil situación económica de IMPSA, críticos argumentan que es una cifra insuficiente considerando la importancia histórica y estratégica de la compañía.

Las preocupaciones se extienden al ámbito de la seguridad y soberanía nuclear. La transferencia de tecnología nuclear sensible a una empresa extranjera podría afectar los proyectos estratégicos de Argentina debido a las normativas internacionales sobre tecnología nuclear. Además, permitir que una entidad extranjera tenga acceso a información técnica y operativa de proyectos cruciales plantea dudas sobre la independencia tecnológica y el control nacional en el sector energético.

El impacto económico y laboral también es motivo de alarma. IMPSA es una de las pocas empresas argentinas capaces de desarrollar tecnología de alta complejidad y representa un importante polo de empleo en Mendoza. Existen temores de que ARC Energy pueda reestructurar la compañía, afectando los puestos de trabajo y trasladando el conocimiento tecnológico fuera del país. Esta venta, aunque se enmarca en la política del gobierno de reducir el tamaño del Estado, deja dudas sobre si se evaluaron adecuadamente los riesgos para el desarrollo industrial y la seguridad energética de Argentina.