El Gobierno anunció que eliminará la jubilación presidencial de Cristina Kirchner y la pensión por Néstor Kirchner

El Gobierno nacional anunció que dará de baja la jubilación presidencial de Cristina Fernández de Kirchner y la pensión derivada por el fallecido expresidente Néstor Kirchner, en una medida que se toma tras la confirmación de la condena de la exmandataria en la causa Vialidad.

La confirmación fue realizada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien detalló que la decisión fue tomada luego de que la Cámara de Casación Penal ratificara la condena a Cristina Kirchner a seis años de prisión y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. "Frente a la reciente confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno del presidente Javier Milei, a través del Ministerio de Capital Humano, resolvió dar de baja los beneficios de privilegio que la expresidenta venía percibiendo, tanto la asignación personal como la derivada por pensión", expresó Adorni este jueves en Casa Rosada.

La causa Vialidad y su impacto en la decisión

La condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad, en la que fue acusada de liderar una asociación ilícita para direccionar contratos viales durante su mandato, fue ratificada esta semana por la Cámara de Casación Penal. Esta ratificación, que incluye la pena de prisión y la inhabilitación para ocupar cargos públicos, fue clave para que el Gobierno tomara la decisión de eliminar los beneficios que la ex mandataria recibía desde que dejó el cargo.

La medida afecta tanto la pensión vitalicia que le correspondía como viuda de Néstor Kirchner, como la jubilación presidencial derivada de su tiempo en la Casa Rosada. La eliminación de estos beneficios ha sido presentada por el Gobierno de Javier Milei como un paso hacia la "igualdad ante la ley" y un refuerzo a la lucha contra la corrupción.

Reacciones políticas y legales

La eliminación de estos beneficios generó rápidamente reacciones en el ámbito político. Los aliados de Cristina Kirchner han expresado su rechazo a la medida, calificándola como una "venganza política" y una acción "persecutoria" en el marco de la disputa judicial que enfrenta la ex presidenta. Por su parte, desde el Gobierno de Milei se defendió la decisión como una acción "justa" y "necesaria" para dar cumplimiento a la ley, luego de la ratificación de la condena.

En tanto, se espera que la ex presidenta y sus abogados presenten recursos legales para impugnar esta decisión, lo que podría generar una nueva disputa judicial sobre el destino de los beneficios de los ex mandatarios.