El gobierno avanza en la reforma electoral para eliminar las PASO

El Gobierno presentó un proyecto de reforma para el Fortalecimiento Electoral que será enviado al Congreso y propone cambios profundos en el sistema electoral argentino. Entre las medidas más relevantes se incluye la eliminación de las elecciones primarias (PASO), modificaciones a la ley Orgánica de Partidos Políticos y un nuevo esquema de financiamiento para las campañas.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, justificó la eliminación de las PASO argumentando que "han funcionado como una encuesta millonaria al servicio de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos". Según señaló, solo en 2023 representaron un costo de 45.445 millones de pesos, obligando a los ciudadanos a acudir a las urnas en tres ocasiones. Además, destacó que desde su implementación en 2011, apenas diez agrupaciones resolvieron internas para elecciones presidenciales, de las cuales el 40% no alcanzó el 1,5% necesario para participar en los comicios generales.

Otro eje de la reforma busca mejorar la representatividad electoral mediante cambios a la ley Orgánica de Partidos Políticos. Entre las nuevas exigencias se incluye que las agrupaciones partidarias cuenten con al menos el 0,5% de afiliados del padrón electoral y obtengan un mínimo del 3% de los votos en dos elecciones consecutivas para mantener su registro. También se ampliará el requisito de presencia territorial para partidos nacionales, que deberán estar constituidos en al menos diez distritos, en lugar de los cinco actuales. Además, se prevé la creación de una plataforma digital para gestionar afiliaciones y revalidaciones, otorgando un plazo hasta 2026 para adaptarse a estas disposiciones.

En cuanto al financiamiento de las campañas, el proyecto elimina el aporte estatal y propone flexibilizar los topes para las donaciones privadas. "Queremos reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos", sostuvo Adorni. El esquema propuesto contempla la eliminación de los espacios de publicidad electoral y un único aporte estatal anual, proporcional al rendimiento electoral de cada agrupación.

Entre otros cambios, el Gobierno plantea reducir de ocho a tres días el período de prohibición para la publicación de encuestas antes de las elecciones. También se creará la figura de un fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.

El proyecto, que busca optimizar recursos y fortalecer el sistema democrático, ya genera expectativas en torno al debate parlamentario que deberá definir su implementación.