La Cámara de Apelaciones de General Roca rechazó el recurso presentado por la familia de un adolescente acusado de adulterar fotografías mediante Inteligencia Artificial (IA) para ofrecerlas en redes sociales a cambio de dinero. La resolución confirmó el fallo de la jueza subrogante de Familia, Ángela Sosa, quien había establecido medidas cautelares tras considerar el caso como un ejemplo de "violencia de género digital".
Según trascendió, un grupo de jóvenes utilizaba fotos de compañeras de colegio, manipulándolas con un software de IA para generar imágenes falsas que distorsionaban la realidad. Estas prácticas desataron una serie de denuncias, incluida la de una adolescente que señaló ser víctima de este comportamiento.
La Cámara argumentó que el recurso de apelación no presentaba fundamentos suficientes para modificar la decisión de primera instancia. Subrayó la necesidad de un análisis con enfoque interseccional debido a la condición de género de la denunciante, además de su edad, y destacó el impacto particular que la violencia digital tiene en mujeres adolescentes.
La resolución judicial, confirmada el 27 de agosto, impuso una restricción de acercamiento de 200 metros por un plazo de 90 días al acusado, incluyendo el ámbito educativo compartido con la víctima. Asimismo, se ordenó su participación obligatoria en un espacio terapéutico especializado en masculinidades y violencia de género.
En su apelación, la familia del acusado sostuvo que la resolución violó el derecho al debido proceso y discriminó al adolescente por su edad. Alegaron que las medidas cautelares afectaron su derecho a la educación y a actividades deportivas, además de considerarlas injustificadas y basadas en acusaciones falsas.
El caso ha puesto en el centro del debate el uso de herramientas tecnológicas para la comisión de actos de violencia de género, así como la respuesta del sistema judicial ante nuevos tipos de delitos que involucran tecnología y desigualdades estructurales.