El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, advirtió sobre un posible colapso del sector de pequeñas y medianas empresas en Argentina si no se implementan políticas que prioricen la producción nacional frente a la apertura de las importaciones. Según estimaciones, podrían cerrar alrededor de 25.000 Pymes y perderse cerca de 300.000 empleos en 2025.
Rosato destacó que la combinación de la baja de barreras para la importación, la eliminación del impuesto PAIS y el fin del cepo cambiario puede resultar perjudicial si no va acompañada de una estrategia para fortalecer la industria local. Esta situación generaría un aumento del desempleo, ya que muchas Pymes no podrían competir con los productos importados, afectando a sectores clave como textil, calzado, bienes de capital, metalúrgicas y construcción.
En el contexto actual, los sectores más sensibles de la economía ya están sufriendo los efectos de la flexibilización de los controles a las importaciones. La eliminación del impuesto PAIS reducirá los costos de los productos importados, lo que dará ventajas a países como China, que buscan posicionarse en nuevos mercados. Esto pone en riesgo a las empresas locales que enfrentan dificultades estructurales como falta de financiamiento, altos costos de producción y escasa competitividad.
El Observatorio IPA, liderado por el economista Federico Vaccarezza, destacó que durante el primer semestre de 2024 la industria manufacturera perdió 46.000 puestos de trabajo debido a la recesión. Este organismo subrayó que las políticas económicas actuales favorecen a las grandes empresas, mientras que las Pymes quedan relegadas.
Daniel Rosato insistió en la necesidad de abrir el diálogo con el Gobierno para diseñar políticas que impulsen el crecimiento de las Pymes. Consideró fundamental priorizar el uso de divisas para insumos y maquinaria necesarios para la producción nacional, en lugar de destinarlas al ingreso de productos terminados que podrían perjudicar aún más al sector industrial. Las perspectivas para 2025 dependen de la capacidad gubernamental para implementar medidas que favorezcan la recuperación y competitividad de las pequeñas y medianas empresas.
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