El prácticamente nulo impacto que tendría el cobro de aranceles a extranjeros en la provincia rionegrina

El proyecto de ley impulsado por el bloque oficialista Juntos Somos Río Negro busca implementar el cobro de aranceles a extranjeros con residencia temporaria o transitoria en la provincia para los servicios de salud y educación terciaria. La iniciativa, presentada por los legisladores Facundo López y Lucas Pica, sigue una tendencia ya aplicada en provincias como Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, y se enmarca en la política arancelaria nacional promovida por el presidente Javier Milei.

Si bien la propuesta se viene discutiendo desde 2024, inicialmente con foco en el sistema de salud bajo la gestión de la exministra Ana Senesi, ahora también abarca la educación terciaria dependiente del Ministerio de Educación de Río Negro. Sus impulsores justifican la medida en la necesidad de administrar mejor los recursos ante una presunta disminución de ingresos estatales y un aumento de la demanda de servicios, incluyendo la atención de ciudadanos de países vecinos como Chile, dada la proximidad geográfica con ciudades como Bariloche.

A pesar de la argumentación oficial, los datos disponibles sugieren un impacto económico marginal. En el ámbito de la salud, el hospital de mayor complejidad en la provincia, el Ramón Carrillo de Bariloche, registró en 2024 solo 96 consultas de pacientes extranjeros sin residencia y 10 internaciones. En 2023, fueron 131 consultas y 22 internaciones, mientras que en 2022 se atendieron 108 consultas y 15 internaciones. Estas cifras reflejan una baja incidencia de extranjeros con residencia transitoria o autorización precaria, según la Ley Nacional de Inmigración 25.871.

En el sector educativo, la falta de registros claros impide conocer con exactitud cuántos estudiantes extranjeros con residencia transitoria o temporaria podrían verse afectados. Estimaciones extraoficiales sugieren que no superarían los 20 alumnos en un universo de aproximadamente 13.500 estudiantes en institutos de formación docente y técnica de la provincia.

El proyecto establece que los ministerios de Salud y Educación serán responsables de reglamentar los aranceles y su aplicación. En el caso de salud, se prevé la creación de un "nomenclador específico" que determinará los costos de las prestaciones, similar a la facturación de servicios a obras sociales y prepagas. Además, se plantea la posibilidad de establecer acuerdos de reciprocidad con otros países para garantizar la atención gratuita de ciudadanos rionegrinos en el extranjero bajo convenios de contraprestación.

Los fondos generados por el cobro de aranceles se destinarán a dos partidas específicas: uno para Salud Pública, orientado a mejorar la infraestructura, el equipamiento y la capacitación del personal sanitario, y otro para Educación, enfocado en el mantenimiento de establecimientos y la adquisición de recursos. Sin embargo, se excluye explícitamente el uso de estos fondos para el pago de salarios.

En el ámbito hospitalario, la iniciativa garantiza la atención gratuita en casos de urgencia y emergencia, estableciendo posteriormente mecanismos de cobro a los pacientes extranjeros alcanzados por la normativa. Con estos lineamientos, la legislación busca generar un marco regulatorio para la administración de recursos provinciales sin afectar la asistencia en situaciones críticas.