
La Confederación General del Trabajo (CGT) lleva adelante este jueves su tercer paro general contra el gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza, de 24 horas de duración, comenzó a la medianoche del 10 de abril y tiene como eje el rechazo a las políticas de ajuste implementadas por el Ejecutivo nacional. Entre los principales reclamos se destacan la exigencia de paritarias libres y homologadas, un aumento de emergencia a las jubilaciones, la reactivación de la obra pública y un programa de defensa del sector productivo.
La protesta cuenta con el respaldo de la mayoría de los gremios que integran la CGT, así como de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA). Aunque la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se adhiere simbólicamente, no interrumpe el servicio de colectivos urbanos debido a una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.
La medida afecta gran parte de la actividad económica y los servicios del país. Se encuentran interrumpidos los trenes, subterráneos, vuelos en un 55%, recolección de residuos, bancos, correo postal, atención hospitalaria (que solo mantiene guardias mínimas), educación en todos los niveles y actividad portuaria. También hay adhesión parcial en estaciones de servicio, el comercio y el sector gastronómico.
Uno de los triunviros de la CGT, Héctor Daer, afirmó que "lo único que le cierra a este modelo económico es la caída de los ingresos" y advirtió sobre el deterioro del tejido social y económico. “Comienza a socavarse el sustento social de la sociedad. El dinero alcanza cada vez menos y la posibilidad de sobrevivir se vuelve más costosa”, sostuvo el dirigente sindical en declaraciones a la agencia Noticias Argentinas.
En la previa del paro, dirigentes de la central obrera acompañaron una manifestación de jubilados frente al Congreso, en la que se reclamó una actualización del bono previsional de $70.000 y de los haberes jubilatorios. La CGT considera urgente la mejora de las condiciones de vida de los adultos mayores y la reactivación de la obra pública, paralizada en muchos casos pese a estar avanzada en un 80% o 90%. “Es más perjudicial dejarlas paradas que terminarlas. Muchas de esas obras son viviendas que representan la única posibilidad de acceso a un hogar para miles de familias”, señaló Daer.
Además de la cuestión salarial y previsional, la CGT exige la discusión de las asignaciones familiares y la implementación de políticas que protejan la industria nacional frente a la apertura económica impulsada por el Ejecutivo.
Este tercer paro general marca un punto de tensión creciente entre el gobierno libertario y el movimiento sindical, en un contexto de profunda recesión, caída del consumo, aumento de la pobreza y miles de despidos en el sector público y privado. Mientras tanto, el Ejecutivo mantiene su rumbo económico con el objetivo de alcanzar el déficit cero, en medio de fuertes críticas por el impacto social de sus medidas.