El oficialismo reflota una reforma para bajar el costo de la ley universitaria

Después del revés que sufrió en la Justicia, el oficialismo busca reactivar en la Cámara de Diputados una reforma de la ley de financiamiento universitario con un objetivo claro: reducir el impacto fiscal que tendría el cumplimiento pleno de la norma vigente. La estrategia avanza en simultáneo con la decisión del Gobierno de recurrir a la Corte Suprema para intentar evitar el desembolso que ya le ordenaron dos fallos judiciales.

La iniciativa no es nueva. El proyecto fue presentado durante las sesiones extraordinarias de febrero, pero nunca llegó a tratarse. Ahora, con la presión judicial encima y con la obligación de actualizar salarios docentes y partidas universitarias cada vez más cerca, el oficialismo vuelve a ponerlo sobre la mesa.

Qué busca cambiar el Gobierno en la ley de financiamiento universitario

Según el artículo, la propuesta del Poder Ejecutivo no deroga la ley sancionada por el Congreso, pero sí intenta modificarla para amortiguar su costo fiscal. El punto más sensible está en los salarios docentes y no docentes.

Mientras la ley vigente obliga al Estado a reconocer la pérdida salarial acumulada desde el 1° de diciembre de 2023, el proyecto oficial solo propone recomponer la pérdida correspondiente a 2025 y deja afuera 2024. Además, establece subas en tres tramos del 4,1% y obliga a convocar a paritarias trimestrales, aunque sin atar automáticamente los aumentos a la inflación.

Qué pasa con los gastos de funcionamiento de las universidades

La diferencia con la norma vigente también alcanza al presupuesto de funcionamiento de las universidades. La ley actual obliga a recomponer lo perdido por inflación en programas sensibles, incluidos hospitales universitarios y áreas de ciencia y técnica.

En cambio, la iniciativa del Gobierno no contempla recuperar lo perdido en 2024 y 2025 y, para este año, solo propone actualizar partidas si la inflación supera el 14,5% previsto en el presupuesto. Como contrapartida, suma una recomposición específica de poco más de $80.000 millones para el sistema de salud universitario, un punto que la ley vigente no contempla.

El trasfondo político: reproches entre Caputo y Menem

La reactivación del proyecto también dejó al descubierto una interna en el oficialismo. Según la nota, cerca de Santiago Caputo cuestionan a Martín Menem por no haber impulsado el tratamiento del proyecto cuando el Gobierno todavía tenía margen para negociar, antes de que la Justicia fallara a favor de las universidades.

Del lado de Menem responden que en ese momento no estaban garantizados los votos. Pero el reproche sigue flotando: en el entorno de Caputo creen que la demora legislativa puede terminar costándole al Estado $2,5 billones.

Por qué ahora el escenario es más difícil para el Gobierno

El problema para la Casa Rosada es que el contexto cambió. Según el artículo, antes del fallo de segunda instancia todavía existía alguna posibilidad de negociar con los rectores y avanzar en una reforma pactada. Hoy, con una resolución judicial favorable y con el Consejo Interuniversitario Nacional sin haber dado señales de respaldo al proyecto oficial, ese margen parece mucho más reducido.

Por eso, la jugada parlamentaria llega más tarde y en un escenario más adverso. El oficialismo quiere reactivar el expediente, pero todavía no fijó fecha de comisión y sabe que la relación con el sistema universitario quedó aún más tensionada.

Una disputa que excede el presupuesto

La pelea por la ley de financiamiento universitario ya no es solo una discusión contable. Detrás del debate presupuestario aparece una disputa más amplia sobre el rol del Estado, la autonomía universitaria y los límites del ajuste fiscal en áreas sensibles.

En ese marco, la reforma que ahora intenta reflotar el oficialismo aparece como una salida política y fiscal para un Gobierno que perdió terreno en la Justicia, pero que todavía busca evitar el costo completo de una norma que nunca quiso aplicar tal como fue sancionada.