Las universidades públicas volverán a movilizarse el próximo 12 de mayo en una nueva Marcha Federal Universitaria, con protestas en todo el país y una concentración central en Plaza de Mayo. Será la cuarta manifestación de este tipo desde la llegada de Javier Milei al Gobierno y volverá a poner en primer plano un conflicto que sigue abierto: el reclamo por financiamiento, salarios y becas dentro del sistema universitario nacional.
La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA). El reclamo apunta, sobre todo, a la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso en octubre de 2025 y luego ratificada por la Justicia, además de la ausencia de paritarias para docentes y no docentes.
Uno de los puntos más sensibles del conflicto pasa por la situación legal de esa norma. Las universidades sostienen que el Poder Ejecutivo continúa sin aplicar una ley que no solo fue sancionada por el Congreso, sino que además recibió respaldo judicial. A fines de marzo, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la vigencia de los artículos vinculados con la recomposición salarial y las becas estudiantiles, y ordenó su cumplimiento inmediato. Aun así, el 17 de abril la Procuración del Tesoro presentó un recurso extraordinario para intentar frenar esos puntos.
Dentro del sistema universitario, esa decisión fue leída como un nuevo gesto de confrontación. En un comunicado conjunto, el CIN, el Frente Sindical y la FUA advirtieron que, incluso con una ley vigente y con un fallo judicial favorable, el Gobierno sigue sin dar respuesta al reclamo presupuestario y salarial. También remarcaron que, desde 2024, las actualizaciones para el sector fueron definidas de manera unilateral y consideradas insuficientes.
El conflicto, de todos modos, no se agota en el plano jurídico. Según el CIN, las transferencias a las universidades públicas cayeron 45,6% desde 2023, mientras que los gremios docentes y no docentes aseguran que la pérdida salarial ronda el 40% en estos dos años. En un sistema donde los salarios representan cerca del 90% del presupuesto, ese deterioro no tarda en trasladarse al funcionamiento cotidiano de las instituciones.
Las diferencias con la propuesta oficial son, además, concretas. Mientras la ley aprobada contempla una recomposición del 51% para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023, la iniciativa del oficialismo ofrece un 12,3% en tres cuotas. En paralelo, el último REM del Banco Central proyectó una inflación del 29% para este año, una brecha que rectores y sindicatos exhiben como prueba del atraso salarial acumulado.
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, definió la situación de docentes y no docentes como la más crítica de las últimas décadas. En la misma línea, desde Conadu sostuvieron que los salarios del sector se encuentran entre los más bajos de los últimos 40 años y denunciaron una política especialmente hostil hacia las universidades públicas.
La movilización del 12 de mayo no aparece como un episodio aislado, sino como un nuevo capítulo de una disputa que se arrastra desde hace dos años. Antes hubo marchas federales el 23 de abril de 2024, el 2 de octubre de 2024 y el 17 de septiembre de 2025. Lejos de cerrarse, el conflicto fue creciendo al ritmo del deterioro salarial, la disputa presupuestaria y la negativa oficial a aplicar plenamente la ley vigente.
Desde el sistema universitario advierten que la discusión ya excede una mera cuestión presupuestaria y empieza a rozar el funcionamiento mismo de las universidades públicas. La FUA sostuvo que el escenario llegó a un punto límite y reclamó al Estado que garantice los recursos necesarios para que las instituciones sigan abiertas. Como antesala de la marcha, además, en varias universidades ya se preparan paros para la semana del 27 de abril al 2 de mayo.
En ese contexto, la cuarta Marcha Federal Universitaria volverá a poner a prueba no solo la capacidad de movilización del sector, sino también la respuesta política de un Gobierno que hasta ahora no consiguió desactivar el conflicto. La discusión por los fondos, los salarios y las becas sigue abierta, y todo indica que volverá a instalarse con fuerza en la agenda pública.