Mario de Rege le ganó un juicio al Estado provincial por mil millones de pesos y abre la polémica por el uso de información privilegiada

El fallo judicial que obliga a la Provincia de Río Negro a pagar alrededor de mil millones de pesos por expropiaciones vinculadas a la planta cloacal de Viedma no sólo impacta en las cuentas públicas, sino que también reabre una trama incómoda alrededor del dirigente de la UCR Mario De Rege, ex vicegobernador, ex funcionario clave en el manejo de tierras fiscales y ex superintendente del DPA. En la actualidad es empresario inmobiliario y tiene una fuerte presencia en la región y vínculos políticos con vastos sectores de la política viedmense y rionegrina. Además, su hijo, Emilio De Rege, es integrante del Tribunal de Cuentas del Municipio de Viedma.

La sentencia, firmada por el juez subrogante Leandro Javier Oyola, fijó una indemnización de $749.942.433,18 para una de las parcelas del ex funcionario, a lo que se suman intereses, honorarios y otros conceptos que elevan la cifra por encima de los mil millones. Es decir, un monto que terminarán afrontando todos los rionegrinos por una operatoria que, lejos de disipar dudas, las multiplica.

En estas circunstancias, hay que corroborar si no existe también una negociación entre funcionarios provinciales que sabían sobre estas cuestiones al utilizar tierras privadas para la construcción de una planta de líquidos cloacales que estaba a nombre de Mario De Rege, y si no se trató de un juicio acomodado para que salieran de las arcas de los rionegrinos unos mil millones de pesos, donde podría existir un eventual reparto de esa suma.

¿El Gobierno conducido por Alberto Weretilneck realizará una objeción seria sobre este proceso, cuando el valor de esa tierra es de 80 millones de pesos?.

Si bien otras fuentes dicen que esos terrenos eran del padre de Mario De Rege, también informaron que quien fue el responsable de que la planta de liquidos cloacales se instale en esos terrenos privados, es responsabilidad del aquel entonces, Fernando Curetti, quien había sido designado al cargo del DPA en 2015 por Weretilneck.

Weretilneck designó a Fernando Curetti al frente del DPA y a Ariel Ávalos como Secretario de Cultura

De funcionario a beneficiario

El dato que más incomoda es que Mario De Rege no fue un actor externo al proceso que derivó en estas expropiaciones. Durante años estuvo al frente del Departamento Provincial de Aguas (DPA), el mismo organismo que diseñó e impulsó la obra de la planta depuradora de líquidos cloacales con volcado cero.

Ese recorrido institucional no es menor. Coloca al ex vicegobernador en una posición privilegiada para conocer de antemano proyectos estratégicos, trazas de obra y potenciales áreas de intervención estatal. Y es justamente en ese punto donde aparecen las preguntas más delicadas: ¿adquirió tierras con información anticipada?, ¿hubo aprovechamiento de su rol en el Estado?

Si bien el expediente judicial no se pronuncia sobre estas sospechas, lo cierto es que nunca fueron aclaradas públicamente. Y en política, lo que no se explica se convierte en duda.

Un negocio inmobiliario bajo la lupa

Tras su paso por la función pública, Mario De Rege consolidó un perfil empresarial vinculado al desarrollo inmobiliario y a la administración de tierras. Si bien parte de su patrimonio proviene de herencias familiares, distintas versiones indican que también realizó operaciones de compra en zonas estratégicas, muchas de ellas luego alcanzadas por obras o decisiones estatales.

El caso de las tierras afectadas por la planta cloacal es paradigmático. Según surge del expediente, la Junta de Valuaciones había fijado un valor máximo de $82,7 millones para el inmueble. Sin embargo, la sentencia judicial lo elevó a casi 750 millones, marcando una diferencia que alimenta aún más las sospechas sobre la operatoria.

A esto se suman honorarios millonarios: más de $157 millones para los abogados del ex vicegobernador, cifras equivalentes para la representación estatal y otros $37,4 millones para pericias. Todo financiado con recursos públicos.

Ética, política y conflicto de intereses

Más allá de la legalidad del fallo, el caso instala un debate de fondo: ¿es ético que un ex vicegobernador, con conocimiento directo del funcionamiento del Estado y de sus proyectos, termine litigando contra la Provincia y obteniendo una compensación de esta magnitud?

El hecho de que Mario De Rege, que fue candidato a intendente de la ciudad, haya estado al frente del organismo que impulsó la obra para la cual luego se expropiaron sus tierras no es un dato menor. Por el contrario, configura un posible conflicto de intereses que, aunque no haya sido judicialmente probado, resulta políticamente significativo.

En ese contexto, la figura del ex funcionario deja de ser la de un simple propietario afectado por una expropiación y pasa a representar un caso testigo de cómo la frontera entre lo público y lo privado puede volverse difusa.

Una cuenta que paga la sociedad

El expediente dejó de ser una discusión técnica para transformarse en un símbolo de algo más profundo: el costo que puede tener para el Estado —y para la sociedad— la falta de controles, la opacidad en la gestión y las decisiones tomadas sin el debido escrutinio.

Porque mientras el fallo se ejecuta y los pagos comienzan a impactar en las arcas provinciales, la pregunta de fondo sigue sin respuesta: si la Provincia terminó pagando una fortuna por tierras vinculadas a un ex vicegobernador que conocía desde adentro los movimientos del Estado.

La legalidad podrá estar saldada en los tribunales. Pero en el plano político y ético, el caso de Mario De Rege va a dejar una estela de dudas difícil de ignorar y posiblemente abra nuevas investigaciones sobre este dirigente de la política viedmense y provincial.