El senador nacional por la provincia de Río Negro, Martín Soria, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili. La presentación judicial apunta a investigar el traslado de una parte de las reservas de oro al exterior durante el año 2024, una maniobra que el denunciante califica como una "desaparición" de activos debido a la grosera falta de información oficial y respaldo documental.
Según el escrito, lo que inicialmente pudo haber sido presentado como una decisión de política económica mutó en un presunto ilícito penal al constatarse la ausencia de estos movimientos en el balance anual 2024 del BCRA. Soria sostiene que la entidad monetaria habría reconocido ante la Auditoría General de la Nación (AGN) que los contratos de colocación de los lingotes con el Banco de Pagos Internacionales (BIS) u otros depositarios extranjeros "no existen", lo que imposibilita cualquier labor de control sobre activos valuados en casi USD 5.000 millones.
La denuncia encuadra las conductas de los funcionarios en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos, contemplados en los artículos 248 y 260 del Código Penal. El senador rionegrino argumenta que los responsables habrían actuado fuera de los límites de su mandato al movilizar reservas sin los resguardos jurídicos correspondientes ni la debida registración en los estados contables de la institución.
En relación con el rol del Presidente, la presentación indica que, dado su perfil como principal diseñador del programa económico, no podía desconocer semejante movilización de activos soberanos. Por su parte, se cuestiona al ministro Caputo por haber asumido funciones de "vocero" de una operación del BCRA, vulnerando la autonomía de la entidad autárquica y exponiendo a la República a riesgos procesales innecesarios en el extranjero.
El conflicto escaló a partir de sucesivos pedidos de acceso a la información pública presentados por legisladores, los cuales fueron rechazados sistemáticamente por el BCRA bajo el argumento de preservar la "seguridad" y ubicación geográfica de los activos. Soria advierte que esta negativa constituye una violación al principio de máxima divulgación, especialmente cuando gran parte de los datos solicitados —como plazos, rendimientos y seguros contratados— no comprometían la seguridad física del oro.
Asimismo, la denuncia resalta la gravedad de que el propio presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, informara que la auditoría sobre las 37 toneladas de oro enviadas a Londres se encuentra frenada por el retaceo de información de Santiago Bausili. El escrito judicial es contundente al afirmar que "sin contratos, no hay nada que revisar; como si los lingotes hubieran salido por una puerta lateral y se hubieran evaporado", citando reportes técnicos sobre la fragilidad administrativa de la operatoria.
Otro de los ejes centrales de la presentación es el riesgo jurisdiccional de haber elegido Londres como destino, una plaza donde los activos soberanos podrían ser pasibles de embargos por juicios pendientes contra la Argentina. Soria cita una reciente orden de la justicia británica en la causa "Cupón PBI" que ordenó congelar activos soberanos, situación ante la cual los abogados del país habrían aclarado que no hay activos disponibles para embargar, incluyendo el oro enviado en 2024.
Finalmente, el denunciante solicita que la Justicia Federal ordene una pericia contable urgente sobre los balances del BCRA para determinar por qué se omitieron detalles críticos como la contraparte de la operación y el análisis de riesgos asociados. El senador concluye que detrás de este ocultamiento se escondería un esquema de fuga de metales preciosos que compromete la base de las reservas nacionales y la estabilidad financiera del país.