Formulan cargos por defraudación con tarjeta de débito en Viedma

El Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Yanina Estela, formuló cargos contra un hombre por el delito de defraudación mediante el uso no autorizado de una tarjeta de débito. El hecho ocurrió en una entidad bancaria de Viedma, donde el imputado habría aprovechado que un plástico quedó olvidado en el cajero para realizar una extracción de dinero de una cuenta ajena. Según la acusación formal, el monto sustraído mediante esta maniobra ilícita asciende a la suma de 330 mil pesos.

La audiencia se llevó a cabo este lunes en el edificio del Poder Judicial de la capital rionegrina. Durante el acto, el hombre fue acusado formalmente a título de autor de acuerdo a lo previsto en los artículos 45 y 173, inciso 15, del Código Procesal Penal. La fiscalía basó su presentación en la vulneración de la confianza y el patrimonio de la damnificada a través de un medio electrónico.

El origen del hecho y la maniobra delictiva

De acuerdo con el relato de la fiscalía, el incidente tuvo lugar el pasado 9 de enero, alrededor de las 21 horas, en un cajero automático de una sucursal bancaria local. En esas circunstancias, el imputado habría utilizado la tarjeta de débito perteneciente a otra persona, la cual había sido olvidada momentáneamente por la nieta de la titular en la ranura de la máquina. La investigación determinó que el sujeto realizó la operación de retiro de fondos de una cuenta personal ajena sin contar con ningún tipo de autorización legal.

La víctima advirtió el movimiento de fondos poco después y radicó la denuncia penal que dio inicio a las actuaciones judiciales. La fiscalía destacó que el imputado actuó con pleno conocimiento de la ajenidad del plástico y de los fondos que estaba extrayendo. La rapidez en la identificación del sospechoso permitió consolidar la hipótesis delictiva de manera temprana en el proceso.

Cámaras de seguridad y sustento probatorio

El principal sustento de la acusación reside en el material tecnológico recabado durante la investigación preliminar. El legajo cuenta con las filmaciones de las cámaras de seguridad de la sucursal bancaria, donde se logró identificar con claridad al imputado en el lugar al momento de producirse el hecho. La evidencia fílmica resultó ser de tal peso que la defensa oficial optó por no cuestionar los hechos descriptos en esta etapa procesal.

Además de las imágenes, la fiscalía presentó como prueba los informes de los movimientos de la cuenta afectada, los cuales coinciden cronológicamente con la presencia del hombre frente al cajero. Esta combinación de registros digitales y documentales constituye un bloque probatorio sólido para sostener la imputación por defraudación. La trazabilidad de la operación bancaria permitió vincular de forma directa la acción del sujeto con el perjuicio económico denunciado.

Resolución judicial y etapa preparatoria

En la audiencia, el defensor oficial Camilo Curi decidió no cuestionar los hechos relatados por la fiscalía ni la calificación legal impuesta al imputado. Esta postura se debió principalmente a la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal, especialmente los registros de video de la entidad. Durante el proceso, el defensor se limitó a velar por las garantías constitucionales del acusado sin oponerse a la formulación de los cargos.

Tras escuchar las exposiciones de ambas partes, el juez de Garantías Adrián Dvorzak resolvió aceptar formalmente los cargos contra el imputado. Asimismo, el magistrado habilitó la etapa penal preparatoria por un término de cuatro meses, periodo en el cual se profundizará la investigación antes de definir el paso a juicio. Durante este tiempo, el acusado permanecerá supeditado al proceso judicial bajo las normas de conducta establecidas por el tribunal.