Educación
09/05/2026 - Edición Nº2712
Río Negro
Educación en crisis
Rectores, docentes y estudiantes de Río Negro convocan a una nueva Marcha Federal Universitaria
En medio de reclamos salariales, tensión judicial y acusaciones de presión política sobre los rectores, la comunidad universitaria rionegrina convocan a la cuarta Marcha federal que se realizarán en distintos puntos del país.
Marcha Universitaria en Viedma.
por Bruno Santa Cruz
El conflicto universitario en Argentina suma nuevos elementos que profundizan la incertidumbre. A la suspensión provisoria de la ley de financiamiento universitario, se agregan cuestionamientos por la política salarial del Gobierno nacional y un escenario judicial que complejiza aún más la situación. La disputa ya excede lo estrictamente presupuestario y se convirtió en un nuevo foco de tensión política entre el Ejecutivo y las universidades nacionales.
El vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad de Río Negro (UNRN), Anselmo Torres, afirmó: “Lo que está en discusión es la calidad democrática y republicana de la Argentina, porque cuando un gobierno decide arbitrariamente qué leyes cumple y cuáles no, se erosiona un principio básico del Estado de Derecho”.
La Justicia decidió frenar temporalmente la aplicación de la ley, una medida que impacta directamente sobre herramientas consideradas centrales para el sostenimiento del sistema universitario. En distintos sectores académicos interpretan que el conflicto debe leerse en el marco de una política económica que viene erosionando los ingresos del sector y reduciendo la capacidad de funcionamiento de las instituciones públicas.
Ante esto rectores y rectoras nucleados en el (CIN), junto a representantes de la (FUA) y del , encabezaron esta noche una conferencia de prensa en la sede central de la entidad para ratificar la cuarta Marcha Federal Universitaria convocada para el próximo martes 12 de Mayo en todo el país.
Salarios por debajo de la inflación
En materia salarial, el panorama resulta especialmente crítico. En los últimos meses, el Ejecutivo aplicó aumentos de manera unilateral, sin convocar a paritarias: 2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo, frente a una inflación registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos del 2,9% en los dos primeros meses y 3,4% en el tercero. A esto se suma un incremento del 1,7% para abril, también dispuesto sin acuerdo sindical.
La diferencia entre subas salariales e inflación consolida una pérdida sostenida del poder adquisitivo en el sector universitario, profundizando el conflicto con docentes y trabajadores nodocentes.
Este escenario contrasta con lo que proponía la ley hoy suspendida. Entre sus puntos más relevantes, se incluía la obligación de convocar a paritarias para recomponer salarios tomando como base la inflación acumulada desde diciembre de 2023, así como la garantía de actualizaciones periódicas que acompañen la suba de precios. Además, se establecía que los aumentos debían incorporarse plenamente al salario básico, evitando sumas no remunerativas.
Becas y acceso: la otra discusión de fondo
Otro de los ejes relevantes de la normativa era el fortalecimiento de las becas universitarias, con una ampliación progresiva tanto en cantidad de beneficiarios como en los montos asignados. La iniciativa apuntaba a sostener el acceso y la permanencia en la educación superior en un contexto económico cada vez más complejo para estudiantes de todo el país.
La suspensión de la ley deja también en pausa estas herramientas, mientras las universidades advierten sobre el impacto social que puede tener el deterioro presupuestario sobre la continuidad académica.
⭕️AHORA | Las universidades públicas en lucha contra el ajuste.
— C5N (@C5N) May 6, 2026
🗣️Habla Franco Bartolacci, rector UNR: "Lo más angustiante es la situación salarial del personal docente y no docente que es muy grave, y requiere una recomposición urgente".
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La ley que no llega
En el plano judicial, el conflicto presenta permanentes idas y vueltas. El 31 de marzo, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había hecho lugar a una medida cautelar impulsada por universidades nacionales, ordenando la implementación de artículos centrales de la ley vinculados a la actualización salarial y su ajuste por inflación, además de la convocatoria regular a paritarias. Ese mismo criterio también alcanzaba a las becas universitarias, al prever mecanismos de actualización frente a la inflación.
Sin embargo, posteriormente el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal II, resolvió suspender de manera provisoria la ejecución de ese fallo de segunda instancia. La decisión frenó, al menos momentáneamente, la aplicación efectiva de la ley mientras continúan las acciones judiciales impulsadas por el Gobierno nacional.
La disputa sumó un nuevo capítulo este jueves 7 de mayo, cuando la habilitó el traslado del expediente directamente a la . La decisión fue interpretada como un gesto favorable para el Gobierno nacional, ya que permitirá que el máximo tribunal intervenga sobre la validez y ejecución de la ley que la Casa Rosada busca frenar.
Presión sobre las universidades
Como última novedad, el , a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, intimó el pasado 27 de abril a los rectores de las universidades nacionales para que informen qué medidas adoptaron frente a los paros docentes y nodocentes que afectan el normal dictado de clases.
La intervención oficial abrió un nuevo foco de tensión política. Rectores y autoridades universitarias denunciaron que la medida constituye una “provocación” y sostuvieron que el origen del conflicto radica en el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Estado nacional.
Además, desde el CIN interpretan que la intimación enviada a las universidades busca construir “un mecanismo de disciplinamiento y presión política” sobre las instituciones y los trabajadores, intentando responsabilizar a las universidades de un conflicto que, según sostienen, se origina en el incumplimiento del Estado nacional.
Así, el conflicto universitario atraviesa hoy tres dimensiones simultáneas: una disputa política por el rol del Estado y el financiamiento de la educación pública, una crisis educativa marcada por el deterioro salarial y el impacto sobre estudiantes y trabajadores, y una batalla judicial que mantiene en suspenso las herramientas legales que buscaban responder a esa situación.
