Denuncia penal por las reservas
09/05/2026 - Edición Nº2712
Río Negro
Ambiente y recursos naturales
Glaciares: presentan un amparo contra la nueva ley
11:08 |El legislador Leandro García pidió frenar la aplicación de la reforma por considerarla regresiva para la protección del agua.
La acción judicial busca suspender en Río Negro la aplicación de la nueva Ley de Glaciares y proteger cuencas hídricas estratégicas.
La reforma de la Ley de Glaciares abrió un nuevo frente judicial en Río Negro. El legislador provincial Leandro García, del bloque Partido Justicialista–Nuevo Encuentro, presentó una acción de amparo colectivo ambiental ante el Juzgado Civil y Comercial de El Bolsón para frenar la aplicación de la Ley 27.804 en territorio rionegrino.
La norma, promulgada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 271/2026, modifica el régimen de protección de glaciares y ambientes periglaciares, considerados reservas estratégicas de agua dulce. Para sus críticos, los cambios implican un retroceso ambiental en un contexto de avance de proyectos extractivos y mayor presión sobre los ecosistemas de alta montaña.
Un amparo para frenar la aplicación en Río Negro
La presentación judicial busca suspender de manera inmediata la aplicación de la nueva ley en la provincia y evitar que organismos locales otorguen permisos bajo el régimen reformado.
Según el planteo de García, la modificación legal flexibiliza la protección de glaciares, áreas periglaciares y cuencas hídricas, lo que podría afectar bienes naturales esenciales para Río Negro y la región patagónica.
“Los bienes naturales comunes no pueden quedar indefensos frente a una legislación regresiva. La protección del agua, de los glaciares y de las cuencas debe ser una prioridad institucional y constitucional”, sostuvo el legislador.
Agua, glaciares y principio preventivo
El amparo se apoya en los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, que reconocen el derecho a un ambiente sano y habilitan acciones judiciales para proteger derechos colectivos. También invoca normas de la Constitución provincial y legislación ambiental vigente.
Uno de los ejes del planteo es el principio de prevención, una herramienta central del derecho ambiental que obliga al Estado a actuar antes de que el daño ocurra, especialmente cuando se trata de ecosistemas sensibles o de consecuencias potencialmente irreversibles.
En ese punto, la discusión no es solo técnica. Los glaciares y ambientes periglaciares cumplen un rol clave como reservas de agua, reguladores hídricos y sostén de cuencas que alimentan consumo humano, producción y equilibrio ambiental.
Las medidas solicitadas
El legislador pidió que la Justicia ordene la suspensión de la aplicación de la ley reformada en Río Negro y prohíba a organismos provinciales habilitar actividades o permisos bajo el nuevo marco normativo.
También solicitó la elaboración de un plan específico de protección ambiental y estudios independientes sobre proyectos que puedan afectar zonas de alta montaña.
| Medida solicitada | Objetivo |
|---|---|
| Suspensión de la Ley 27.804 en Río Negro | Evitar su aplicación mientras se analiza su impacto |
| Prohibición de nuevos permisos bajo el régimen reformado | Prevenir autorizaciones en zonas sensibles |
| Plan de protección ambiental | Resguardar glaciares, áreas periglaciares y cuencas |
| Estudios técnicos independientes | Evaluar riesgos sobre proyectos de alta montaña |
| Control judicial urgente | Evitar daños ambientales irreversibles |
El Proyecto Baguales, bajo la lupa
La presentación también incorpora cuestionamientos al denominado Proyecto Baguales, por presunta falta de información pública y por su posible impacto sobre la cuenca binacional del río Manso.
Ese punto agrega una dimensión territorial concreta al debate. La preocupación no se limita a la letra de la ley, sino a cómo podría aplicarse sobre proyectos específicos en zonas de alta sensibilidad ambiental.
Para García, la Justicia rionegrina no puede mantenerse al margen cuando están en juego reservas estratégicas de agua y derechos colectivos fundamentales.
Weretilneck buscó llevar tranquilidad
El gobernador Alberto Weretilneck salió a responder las preocupaciones y aseguró que Río Negro no afectará ningún glaciar. Según sostuvo, la mayoría de los glaciares de la provincia se encuentran dentro de áreas naturales protegidas y no está previsto modificar esas condiciones.
“La provincia de Río Negro no va a afectar ningún glaciar porque la mayoría de nuestros glaciares están en áreas protegidas”, afirmó el mandatario durante una rueda de prensa en Bariloche.
La respuesta oficial intenta desactivar la alarma ambiental, pero no clausura el debate. El punto que plantea el amparo es si la nueva ley abre una puerta normativa que podría debilitar protecciones futuras, incluso si el gobierno provincial asegura que hoy no piensa avanzar sobre esas áreas.
Una discusión ambiental con trasfondo minero
La reforma de la Ley de Glaciares se da en un contexto de fuerte impulso nacional a la minería, con el Gobierno buscando acelerar inversiones en litio, cobre y otros recursos estratégicos. En ese marco, los cambios sobre ambientes glaciares y periglaciares generan preocupación entre organizaciones ambientales, sectores políticos y comunidades que advierten sobre el riesgo de flexibilizar controles.
El conflicto vuelve a poner en tensión dos agendas: por un lado, la promesa de desarrollo productivo y atracción de inversiones; por el otro, la protección del agua y de ecosistemas que cumplen funciones ambientales irremplazables.
El agua como límite político
La presentación judicial en Río Negro busca instalar una advertencia: el desarrollo económico no puede avanzar debilitando garantías ambientales ni reduciendo controles sobre reservas de agua dulce.
En una provincia atravesada por actividades productivas, turismo, cuencas sensibles y zonas cordilleranas de alto valor ecológico, la discusión sobre glaciares excede a la minería. Se trata de definir qué límites tendrá el Estado frente a proyectos que puedan comprometer recursos estratégicos.
La Justicia deberá resolver si corresponde frenar la aplicación de la nueva norma en territorio rionegrino. Mientras tanto, el amparo deja una pregunta de fondo: si el agua es un bien común esencial, ¿puede su protección quedar sujeta a reformas que reducen estándares en nombre de la inversión?
