Una investigación de Luciano Barroso reveló que, tras los incendios forestales que golpearon a la Comarca Andina durante 2025, comenzaron a multiplicarse publicaciones de venta de terrenos, chacras y campos ubicados en zonas afectadas por el fuego o cercanas a áreas de alto valor ambiental.
El fenómeno reactivó un debate histórico en la Patagonia: el avance de desarrollos inmobiliarios, turísticos y financieros sobre tierras fiscales, bosques nativos y territorios estratégicos. Organizaciones ambientales, vecinos y sectores rurales advierten que detrás de esas operaciones podría existir un circuito de especulación territorial que se repite desde hace años.



Los incendios que arrasaron miles de hectáreas en Mallín Ahogado, El Bolsón, Epuyén, Lago Puelo y El Hoyo dejaron consecuencias ambientales, sociales y económicas. Pero también abrieron una nueva etapa de tensión por el destino de esas tierras.
En distintos portales inmobiliarios comenzaron a aparecer ofertas de lotes, chacras y campos promocionados como oportunidades para “desarrollos turísticos”, “proyectos sustentables” o “inversiones premium”. Muchas de esas publicaciones apuntan a zonas donde todavía son visibles las marcas del fuego.
El mecanismo señalado por vecinos y especialistas no sería nuevo. Según las denuncias, en distintas zonas de la Patagonia cordillerana suele repetirse una secuencia: primero aparecen permisos precarios de ocupación o pastoreo sobre tierras rurales; luego llegan subdivisiones, aperturas de caminos y regularizaciones administrativas.
Más tarde ingresan intermediarios, sociedades privadas o fideicomisos que adquieren esas tierras a bajo valor. Finalmente, las mismas hectáreas terminan revendidas a precios millonarios a empresarios, fondos de inversión o capitales extranjeros interesados en negocios inmobiliarios, turísticos o energéticos.
Aunque no existen causas judiciales que hayan probado de manera concluyente una relación directa entre incendios forestales y operaciones de venta de tierras, las sospechas crecieron luego de que áreas afectadas por el fuego comenzaran a poblarse de anuncios inmobiliarios.



Uno de los casos más emblemáticos sigue siendo el del magnate británico Joe Lewis, dueño de Lago Escondido y símbolo del proceso de concentración territorial en el sur argentino. A través de Hidden Lake S.A. y operadores locales, Lewis controla miles de hectáreas estratégicas en Río Negro, incluyendo accesos al agua y zonas de montaña.
Pero no es el único nombre asociado al avance privado sobre la Patagonia. En los últimos años también aparecieron actores vinculados al sector energético, al turismo premium y a capitales provenientes de Emiratos Árabes Unidos y Qatar.
Entre los casos mencionados figura el del ex polista Hugo Barabucci, investigado en una causa en la que el fiscal Francisco Arrien derivó actuaciones al juzgado federal de Bariloche para analizar posibles delitos federales vinculados al ingreso de divisas extranjeras, la compra de tierras en zona de frontera y eventuales violaciones a la Ley de Tierras Rurales.
De acuerdo con fuentes locales citadas en la investigación, algunas operaciones se habrían realizado mediante sociedades intermedias, fideicomisos y compradores locales que funcionarían como pantalla para capitales extranjeros.
Ese esquema permitiría sortear restricciones legales vinculadas a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, especialmente en zonas de frontera o en territorios que incluyen cuerpos de agua.
El debate no se limita a las operaciones privadas. También alcanza a los gobiernos provinciales de Río Negro y Chubut, señalados por organizaciones territoriales y ambientales por la falta de controles efectivos sobre tierras fiscales, subdivisiones rurales y transferencias en áreas sensibles.
En Río Negro, las críticas apuntan a la ausencia de una política firme para frenar la concentración de tierras y controlar operaciones inmobiliarias en zonas estratégicas de la cordillera. Sectores ambientales sostienen que, durante distintas gestiones, se consolidó un esquema de habilitaciones, regularizaciones y omisiones estatales que favoreció el avance de emprendimientos privados.
También se cuestiona la escasa intervención oficial frente a conflictos históricos como el acceso a Lago Escondido, el avance sobre nacientes de agua y la presión inmobiliaria en áreas de alto valor ambiental.
En Chubut, vecinos de Epuyén, Lago Puelo y El Hoyo denuncian que, pese al impacto de los incendios, continúan avanzando subdivisiones rurales y operaciones inmobiliarias en zonas de riesgo ambiental. Las organizaciones reclaman auditorías públicas sobre tierras fiscales, controles sobre compradores extranjeros y monitoreo estatal sobre sociedades utilizadas para operaciones de gran escala.
El debate volvió a intensificarse por las propuestas del gobierno de Javier Milei para flexibilizar o eliminar restricciones vinculadas a la Ley de Tierras, sancionada en 2011. La norma establece límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros y fija restricciones especiales en zonas de frontera o territorios con cuerpos de agua.
Para el oficialismo libertario y sectores empresariales, la ley representa una traba para las inversiones. Para organizaciones ambientales, comunidades rurales y especialistas en soberanía territorial, su eliminación podría acelerar la extranjerización de la Patagonia.
El problema, advierten quienes siguen de cerca el fenómeno, es que incluso con la ley vigente las operaciones continuarían mediante sociedades cruzadas, fideicomisos, testaferros o empresas radicadas en Argentina pero financiadas desde el exterior.
Mientras tanto, la postal se repite en la Comarca Andina: donde hace meses hubo incendios, hoy aparecen carteles de venta; donde antes había bosque nativo, se proyectan complejos turísticos; y donde muchas familias todavía intentan reconstruir sus casas, otros ya calculan cuánto puede valer la hectárea después del fuego.