ANDIS: investigan compras con sobreprecios millonarios

La Agencia Nacional de Discapacidad volvió a quedar bajo la lupa judicial luego de que una auditoría del Ministerio de Salud detectara presuntos sobreprecios millonarios en la compra de insumos ortopédicos. Según el informe oficial, algunas operaciones habrían registrado diferencias de hasta 4.239% respecto de los valores de mercado.

El documento, incorporado a la causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi, advierte sobre un universo de 505 expedientes que comprometen más de $18.368 millones. La investigación apunta a determinar si existieron maniobras de defraudación contra el Estado dentro de la ANDIS, organismo cuyo extitular Diego Spagnuolo se encuentra imputado.

Una auditoría detectó desvíos críticos

El informe fue firmado por la asesora médica María Celeste Díaz y dirigido a la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos. Allí se identificaron “desvíos críticos y sobreprecios” en facturaciones presentadas por distintas firmas proveedoras de insumos ortopédicos.

Entre las empresas mencionadas aparecen Ortopedia Bernat S.R.L., Farma Salud S.R.L., Artrobone Ortopedia S.A., Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., BYMAX Medical y Expo Trauma S.A.

Según el relevamiento, el mayor volumen de fondos quedó concentrado en pocas compañías. Farma Salud S.R.L. aparece como la firma con mayor participación, con un monto superior a los $11.000 millones, seguida por Ortopedia Bernat y por el grupo vinculado a Artrobone e Imnova.

Compras con diferencias millonarias

Uno de los casos señalados involucra a Farma Salud S.R.L.. En un expediente, la ANDIS habría pagado $425 millones por una válvula bicaval transcatéter, mientras que el PAMI había adquirido el mismo producto mediante licitación pública por $124,2 millones. La diferencia fue de $300,8 millones por unidad, equivalente a un incremento del 242%.

El informe también apunta a una endoprótesis aortobílica adjudicada por $369,8 millones. Como referencia, el PAMI había pagado previamente $17,85 millones por el mismo insumo. La diferencia ascendió a $351,95 millones, lo que representaría un incremento del 1.972%.

Otro expediente analizado incluye la compra de una válvula pulmonar autoexpandible por $295,1 millones, frente a un precio de referencia de $36,4 millones. En ese caso, el presunto sobreprecio detectado fue de $258,7 millones, equivalente a un 711% más.

Ortopedias bajo la lupa

En el rubro ortopédico, las observaciones sobre Ortopedia Bernat fueron especialmente severas. La auditoría afirma que la empresa habría facturado equipos estándar a precios que duplican, triplican y hasta multiplican por cien los valores de mercado.

Entre los ejemplos aparece una factura por $12,15 millones que, según el informe, implicaría un sobreprecio del 4.239% frente al valor de referencia. También se detectaron desvíos superiores al 800% en otros expedientes.

El relevamiento enumera además facturas de entre $17 millones y $19 millones por sillas y equipos ortopédicos cuyo valor de referencia nacional sería sustancialmente menor.

La sospecha sobre una red de empresas vinculadas

La auditoría también puso el foco en la relación entre distintas proveedoras. El informe describe una posible “red de interconexión” entre Artrobone Ortopedia S.A. y Cirugía y Ortopedia Imnova S.A., compañías que comparten domicilio legal en San Nicolás de los Arroyos y cuyos directivos tendrían vínculos familiares directos.

El documento menciona al denominado “Grupo Belgrano 609” y advierte sobre una relación que, según los auditores, podría vulnerar principios básicos de la contratación pública. Allí se señala que Evangelina Ileana García preside Artrobone y que su hijo, Martim Gonçalo Armella, encabeza Imnova y además participa societariamente en la empresa de su madre.

De acuerdo con el informe, ambas firmas concentran 153 expedientes por más de $3.042 millones.

Posible simulación de competencia

Los técnicos también advirtieron sobre una posible “simulación de competencia”. Según esa hipótesis, distintas firmas vinculadas entre sí habrían presentado presupuestos para dar apariencia de legalidad a procesos de compra ya direccionados.

El escrito sostiene que ese mecanismo habría impedido que el organismo accediera a valores competitivos. La auditoría menciona expedientes por más de $7.000 millones bajo esta modalidad.

Respecto de Imnova, el análisis señala casos de sillas posturales facturadas en $18 millones cuando el valor de mercado rondaría los $945 mil. Allí se calculó un desvío del 1.904%. También se detectaron sillas ultralivianas con sistema Tilt facturadas entre $19 millones y $21 millones, con diferencias superiores al 2.000% frente a alternativas nacionales.

BYMAX Medical y Expo Trauma, también observadas

El informe también apunta contra BYMAX Medical, donde se detectó un “sobreprecio consolidado” de $84,1 millones. Uno de los casos citados corresponde a una silla estándar de acero facturada en $11,5 millones, pese a que, según la auditoría, el mismo insumo no superaría los $500 mil en el mercado nacional.

En paralelo, se describió una situación considerada de gravedad vinculada a una prótesis para amputación destinada a un beneficiario de Río Negro. Aunque el expediente contenía un remito firmado, la auditoría sostuvo que la madre del paciente habría firmado la documentación “bajo inducción a error” y que el insumo nunca fue entregado.

Sobre Expo Trauma S.A., el Ministerio de Salud detectó facturaciones de hasta $18 millones por sillas posturales que en el mercado costarían menos de $1 millón. En otro caso, una silla activa fue facturada en $15 millones cuando existía una opción equivalente de $2,8 millones. El informe calculó allí una diferencia total de $122,7 millones, equivalente al 1.188%.

La causa judicial suma un nuevo capítulo

El documento concluye que los requerimientos terapéuticos analizados podrían ser cubiertos con equipamiento nacional y cuestiona el uso de módulos importados con valores superiores sin sustento clínico ni financiero suficiente.

En ese contexto, la auditoría recomendó remitir las actuaciones a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para denunciar los hechos como “hecho nuevo” dentro de la causa judicial.

Esta semana comenzarán las indagatorias a empresarios vinculados a las contrataciones investigadas. La causa ANDIS suma así un nuevo capítulo, con el foco puesto en compras públicas, proveedores concentrados, posibles sobreprecios y el uso de fondos destinados a personas con discapacidad.