La última encuesta nacional de QSocial dejó una señal que en el oficialismo ya no pueden leer como una situación pasajera. La aprobación de la gestión de Javier Milei cayó por cuarto mes consecutivo, acumuló un retroceso de 17 puntos desde diciembre y se ubicó en el nivel más bajo de toda la serie relevada por la consultora.
No se trata de un deterioro explicado por un único episodio ni por una mala semana política. Lo que empieza a emerger es algo más complejo: un desgaste simultáneo de varias piezas del contrato electoral con el que el Presidente llegó al poder. La promesa de ordenar la economía, la paciencia social ante el ajuste y la bandera moral de la “anticasta” empiezan a mostrar fisuras.
Durante el primer tramo del año, una parte relevante de la sociedad parecía dispuesta a aceptar el costo del programa económico con la expectativa de una mejora futura. Pero ese crédito comenzó a reducirse.
A comienzos de año, el 43% coincidía con que las políticas de Milei eran necesarias aunque dolieran en el corto plazo. En la última medición, ese respaldo cayó al 32%. La baja no significa que el ajuste haya perdido por completo legitimidad, pero sí revela que cada vez más personas empiezan a preguntarse cuál es el sentido del esfuerzo.
Ese cambio de clima es central para el oficialismo. El proyecto libertario descansa sobre una promesa implícita: soportar el presente para recuperar el futuro. Cuando esa promesa se demora, el sacrificio deja de verse como transición y empieza a sentirse como permanencia.
La caída de Milei no fue uniforme. Según el relevamiento, el desgaste se concentró en segmentos que habían sido decisivos para su triunfo en el ballotage.
Entre los independientes, la aprobación al Gobierno cayó 16 puntos desde diciembre. Entre quienes se identifican con el PRO, el retroceso es todavía más severo: 34 puntos. Incluso dentro del universo libertario aparece un síntoma de desgaste, con una caída de 5 puntos en la cantidad de personas que se definen como libertarias respecto del año pasado.
El dato político es relevante: el Gobierno no solo enfrenta resistencia de sus adversarios tradicionales, sino también un enfriamiento en parte de su propio ecosistema de apoyo.
Si hubo un activo que sostuvo durante meses la tolerancia social hacia el ajuste, fue la expectativa de una baja persistente de la inflación. Ese capital, sin embargo, empieza a mostrar signos de agotamiento.
De acuerdo con la encuesta, el 65% de los consultados considera que el Gobierno no está logrando controlar la inflación, una percepción que creció 14 puntos desde febrero.
La discusión ya no pasa solo por el dato técnico del IPC, sino por la experiencia cotidiana. La inflación no se mide únicamente en la macroeconomía: se verifica en el supermercado, en las tarifas, en la farmacia y en cada gasto doméstico. Y es allí donde el relato oficial empieza a perder potencia.
Para un presidente que convirtió la pelea contra la inflación en el corazón de su legitimidad, ese cambio de percepción es especialmente delicado.
El informe también muestra una distancia cada vez más visible entre los indicadores generales de la economía y la situación concreta de los hogares.
Solo el 19% evalúa positivamente la situación económica del país, 23 puntos menos que en diciembre. Pero el núcleo del problema no está solo en la valoración de la macro, sino en la vida cotidiana.
El 75% de los hogares tuvo que recortar gastos en el último mes para llegar a fin de mes. El 58% dice no tener capacidad de ahorro. El 67% tuvo dificultades para pagar deudas o cuotas en el último año. El 61% recurrió a la tarjeta de crédito para cubrir gastos básicos en los últimos seis meses. Y el 58% utilizó ahorros previos para afrontar gastos corrientes del hogar.
Son cifras que describen una sensación extendida de fragilidad. La economía puede mostrar orden en sus variables más estructurales, pero si la mejora no llega al consumo, al ingreso y a la capacidad de sostener la vida cotidiana, el respaldo político se resiente.
Al desgaste económico se suma un componente político puntual: la imagen de Manuel Adorni.
Según la encuesta, el jefe de Gabinete presenta hoy los indicadores más negativos dentro del elenco oficial. Registra 53% de rechazo y apenas 15% de aceptación, lo que lo convierte en la figura con peor diferencial de imagen. Incluso dentro del propio universo libertario, solo el 40% lo evalúa de manera positiva.
Ese dato no es menor. Cuando una figura del oficialismo deja de funcionar como portavoz eficaz y empieza a condensar contradicciones, sospechas o ruidos internos, ya no es una pieza de comunicación: se convierte en un costo político.
Quizá el dato más incómodo para el Gobierno no sea económico, sino simbólico. La Libertad Avanza construyó su identidad en torno a una promesa fundacional: terminar con la casta política, con sus privilegios, sus opacidades y su lógica de beneficio personal.
Pero esa bandera empieza a erosionarse. El relevamiento indica que el 64% considera que la mayoría de los funcionarios del Gobierno son corruptos, el valor más alto de toda la serie.
No se trata de una percepción marginal. Es un dato que golpea directamente sobre la narrativa central del mileísmo. Si la promesa de barrer con la casta pierde credibilidad, el oficialismo deja de discutir solo sobre gestión y empieza a poner en juego su razón moral de origen.
La corrupción, por sí sola, no suele derribar gobiernos. Pero combinada con malestar económico y pérdida de horizonte, puede acelerar la desafección de sectores que antes acompañaban con convicción.
Pese al deterioro, la situación dista de ser terminal. El Gobierno mantiene un apoyo electoral en torno al 30% y, según los escenarios medidos por QSocial, sigue liderando las preferencias.
Ese piso no es menor. En un contexto de ajuste, conflictividad y pérdida de apoyo, conservar una base competitiva sigue siendo una ventaja considerable. Además, la oposición todavía no logra ofrecer una síntesis clara.
Otro dato que juega a favor del oficialismo es que el 65% de los argentinos considera que el peronismo necesita una renovación, tanto en dirigentes como en ideas. Esa crisis de liderazgo y narrativa en la principal fuerza opositora le da a Milei un margen que otros gobiernos, en circunstancias similares, no tuvieron.
La conclusión no es apocalíptica, pero tampoco cómoda para la Casa Rosada. El Gobierno no enfrenta una crisis terminal: enfrenta un aviso político claro.
Todavía conserva una base sólida, una oposición fragmentada y un electorado que no terminó de encontrar un nuevo destino para su malestar. Pero también empieza a comprobar que las piezas que lo llevaron al poder ya no se sostienen solas.
La promesa de ordenar la economía se enfrenta al desgaste del bolsillo. La promesa de derrotar a la casta choca contra una percepción pública cada vez más desconfiada. Y la paciencia social, que durante meses funcionó como un colchón político, empieza a agotarse.
Milei todavía tiene margen para revertir la pendiente. Pero los números muestran que ese margen ya no es infinito. Y en política, cuando un gobierno deja de administrar expectativas y empieza a administrar desgaste, el tiempo se vuelve mucho más caro.