Nepotismo y contratos millonarios golpean al oficialismo de Weretilneck en Río Negro

Las designaciones dentro del bloque de Juntos Somos Río Negro en la Legislatura provincial quedaron bajo fuerte cuestionamiento tras la difusión de contratos vinculados a familiares de funcionarios, operadores políticos y salarios millonarios. El foco apunta al jefe de bloque oficialista, Facundo López, uno de los principales dirigentes del esquema político del gobernador Alberto Weretilneck.

La polémica comenzó a escalar luego de que trascendieran nombres de asesores y empleados políticos ligados al oficialismo, en un contexto marcado por reclamos salariales estatales y ajuste económico. Desde distintos sectores opositores y del propio ámbito legislativo advirtieron sobre la existencia de cientos de contratos dentro de la estructura parlamentaria controlada por Juntos Somos Río Negro.

El periodista viedmense Gonzalo Santos fue uno de los primeros en exponer públicamente parte de la información a través del medio 2920. Allí reveló que Vera Lastra, hija de la secretaria de la Función Pública provincial, Tania Lastra, figura como empleada dentro del bloque oficialista en la Legislatura rionegrina.

Contratos políticos y sospechas dentro de la Legislatura de Río Negro

Dentro del funcionamiento interno de la Legislatura, cada legislador dispone de un sistema de “puntos” destinados a distribuir entre asesores y personal político. Según explicaron fuentes parlamentarias, cada banca cuenta con aproximadamente 100 puntos que luego son utilizados para asignar categorías, contratos y cargos administrativos.

Sin embargo, distintas voces dentro del ámbito legislativo sostienen que el bloque de Juntos Somos Río Negro concentra una estructura mucho más amplia debido a su peso político y parlamentario. Allí aparecen cuestionamientos sobre cientos de designaciones vinculadas a familiares de funcionarios, operadores territoriales y dirigentes históricos del oficialismo provincial.

Trabajadores legislativos también denunciaron la existencia de personas que no cumplirían funciones regulares dentro del edificio parlamentario. “Hay contratos políticos mientras los empleados de planta siguen perdiendo contra la inflación”, señalaron desde sectores internos que vienen reclamando mejoras salariales.

Daniel Sartor y los salarios que desataron el escándalo

Uno de los nombres que mayor repercusión generó fue el de Daniel Sartor, histórico dirigente radical conocido como “El Fino” Sartor. El exfuncionario habría reaparecido dentro de la estructura legislativa provincial con un salario que, según la documentación filtrada, superaría los seis millones de pesos mensuales.

Sartor ocupó distintos cargos políticos durante décadas, incluyendo funciones en el gobierno nacional de Fernando de la Rúa y áreas del Ejecutivo rionegrino. Su aparición dentro del esquema legislativo volvió a encender las críticas contra la permanencia de dirigentes históricos dentro del Estado provincial.

Las cifras difundidas generaron cuestionamientos tanto desde sectores sindicales como políticos, especialmente por el contexto económico que atraviesa Río Negro. La polémica también alcanzó a otros contratos ligados a referentes cercanos al oficialismo y al círculo político del gobernador Weretilneck.

Nahuelquin, operadores políticos y el debate por la “casta” en Río Negro

Otro de los nombres señalados es el de Alejandro Nahuelquin, dirigente de Bariloche y operador político cercano a Weretilneck. Según registros legislativos, continuaría vinculado laboralmente al bloque oficialista con un salario cercano a los dos millones de pesos mensuales.

Nahuelquin ya había quedado envuelto en controversias años atrás, cuando fue interceptado circulando en una camioneta oficial con cerca de tres millones de pesos en efectivo, un episodio que generó fuerte repercusión pública en la provincia. Junto a él también apareció mencionada Verónica Picapietra dentro del esquema de contratos cuestionados.

El escándalo ya comenzó a trascender el ámbito parlamentario y amenaza con transformarse en un nuevo frente político para el oficialismo rionegrino. Mientras el gobierno provincial sostiene un discurso de orden fiscal y control del gasto público, la aparición de salarios millonarios y designaciones políticas reabrió el debate sobre los privilegios dentro del Estado y el funcionamiento interno de la Legislatura provincial.