Manuel Adorni pidió cerrar por prescripción una deuda de US$22.500 en La Plata

La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo incómodo para el Gobierno nacional. Según documentación judicial, el actual jefe de Gabinete y su hermano, Francisco Adorni, pidieron en noviembre de 2023 que se declarara prescripta una deuda hipotecaria de US$22.500 que pesaba sobre un departamento heredado en La Plata.

El dato aparece en medio de las explicaciones oficiales sobre la evolución patrimonial del funcionario libertario. El inmueble, ubicado en calle 50 al 400 de la capital bonaerense, había sido presentado como una de las claves para justificar movimientos económicos bajo la lupa judicial. Sin embargo, el expediente muestra que la propiedad arrastraba una ejecución hipotecaria y que los hermanos Adorni buscaron cerrar la deuda por prescripción, no por pago efectivo.

El pedido judicial de los hermanos Adorni

El 13 de noviembre de 2023, después de las elecciones generales y pocos días antes del balotaje que llevó a Javier Milei a la Presidencia, Manuel y Francisco Adorni presentaron un escrito ante el Juzgado Civil y Comercial N°18 de La Plata.

A través de su abogado Agustín Rivera, solicitaron que la Justicia declarara prescripta la acción derivada del contrato de mutuo con garantía hipotecaria firmado en 1996 por su padre, Jorge Adorni.

El argumento central fue que las acreedoras habían demostrado “desinterés” en cobrar durante más de dos décadas de trámite judicial. Según el escrito citado, las ejecutantes apenas habrían impulsado el proceso al inicio, lo que para la defensa de los Adorni justificaba pedir la extinción de la deuda.

Una deuda de US$22.500 sobre un departamento heredado

El origen del caso se remonta a 1996, cuando el padre del jefe de Gabinete acordó pagar US$22.500 en doce cuotas. La última vencía el 1 de noviembre de 1997. Al no cumplirse el pago, las acreedoras iniciaron una ejecución hipotecaria en 2002.

El inmueble formaba parte de la sucesión de Jorge Adorni, junto con un terreno en Daireaux, y quedó como herencia para su esposa, Susana Pais, y sus hijos Manuel y Francisco.

El expediente atravesó distintos juzgados hasta llegar a La Plata, donde estaba radicada la sucesión del ejecutado. Según el texto judicial citado, la hipoteca seguía inscripta sobre el bien y generaba un “perjuicio económico” porque impedía disponer libremente del inmueble.

El punto que complica la versión pública

El nuevo dato tensiona la explicación patrimonial del funcionario. En 2018, Manuel Adorni había publicado un mensaje en redes sociales en el que afirmó haber tardado años en arreglar la situación del departamento heredado y dio a entender que había logrado resolver la hipoteca con esfuerzo personal.

Pero la presentación judicial de 2023 muestra otra cosa: los hermanos no pidieron acreditar el pago de la deuda, sino que reclamaron que la obligación fuera declarada prescripta. Es decir, buscaron que la Justicia reconociera la extinción del reclamo por el paso del tiempo.

La diferencia no es menor. Una cosa es cancelar una deuda. Otra, esperar que prescriba. En un funcionario que construyó parte de su discurso público sobre responsabilidad individual, esfuerzo y transparencia, el matiz se vuelve políticamente relevante.

La declaración jurada, otra vez en el centro

El caso cobra mayor peso porque se cruza con la presentación de la declaración jurada patrimonial con la que Adorni busca explicar los movimientos de dinero que están bajo análisis judicial.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito ya había puesto el foco sobre su evolución patrimonial y también alcanzó a su hermano Francisco, diputado bonaerense de La Libertad Avanza.

El expediente hipotecario no prueba por sí solo un delito, pero sí agrega una pieza relevante: el inmueble utilizado para sostener parte de la explicación patrimonial no estaba libre de conflictos judiciales y tenía una deuda histórica que recién intentó cerrarse por prescripción en la antesala del balotaje.

Una incomodidad para el Gobierno

El problema político para la Casa Rosada no es solo judicial. Es narrativo. El Gobierno de Milei hizo de la transparencia, la lucha contra la casta y la supuesta superioridad moral frente a la política tradicional una de sus banderas centrales.

Por eso, cada nuevo dato sobre el patrimonio de sus funcionarios golpea con más fuerza. No afecta únicamente a una persona: erosiona el relato con el que el oficialismo llegó al poder.

En el caso Adorni, la pregunta ya no se limita a cuánto creció su patrimonio o cómo justificó sus bienes. También alcanza a la consistencia entre lo que dijo públicamente y lo que muestran los expedientes.

Prescripción, deuda y costo político

La presentación de los hermanos Adorni ante la Justicia buscó resolver un problema patrimonial concreto: liberar un inmueble heredado de una hipoteca vieja. Pero el contexto transforma el expediente en un dato político.

El jefe de Gabinete no aparece como alguien que pagó una deuda hipotecaria heredada, sino como parte de una estrategia judicial para que esa deuda fuera declarada extinguida por prescripción. Esa diferencia, en tiempos de ajuste y exigencia moral hacia la sociedad, pesa.

Mientras el Gobierno pide sacrificios, orden y cumplimiento, uno de sus funcionarios más visibles queda expuesto por una historia patrimonial que exige explicaciones claras. Y en política, cuando la promesa fue terminar con los privilegios, cada contradicción deja de ser un detalle privado para convertirse en un problema público.