La oposición repudió amenazas contra el periodista Gonzalo Santos

Diferentes espacios de la oposición en Río Negro expresaron su preocupación por la amenaza de muerte denunciada por el periodista Gonzalo Santos y reclamaron garantías para el ejercicio de la prensa libre en la provincia. El pronunciamiento fue acompañado por referentes como José Luis Berros, legislador del bloque Vamos con Todos, y Santiago Ibarrolaza, legislador de Cambia Río Negro, en medio de crecientes cuestionamientos al manejo de la información pública, la pauta oficial y los mecanismos de presión sobre voces críticas.

El caso tomó estado público luego de que Santos, creador de 2920 y conductor radial de L.U.V.E.R. en FM de La Costa, denunciara haber recibido amenazas e intimidaciones dirigidas también a su entorno familiar. Según informó Noticias Río Negro, el periodista aseguró que decidió canalizar la situación por las vías institucionales correspondientes tras recibir llamados y mensajes intimidatorios.

Reclamo opositor por libertad de prensa

Desde Vamos con Todos advirtieron que las amenazas contra Gonzalo Santos no pueden leerse como un hecho aislado, sino como parte de un clima de hostigamiento hacia quienes investigan y cuestionan al poder político provincial.

“El periodismo no puede trabajar bajo miedo, aprietes o condicionamientos”, remarcaron desde el espacio opositor, que también alertó sobre el uso de recursos públicos y de la pauta oficial como mecanismos de premio o castigo dentro del sistema mediático rionegrino.

El comunicado difundido por el sector señaló que en Río Negro “cada vez resulta más difícil escuchar voces críticas” y apuntó contra un esquema de disciplinamiento que, según denunciaron, afecta tanto a periodistas como a medios que dependen económicamente de la publicidad oficial.

Berros e Ibarrolaza, contra los mecanismos de presión

El legislador José Luis Berros, presidente del bloque Vamos con Todos, ya venía cuestionando la falta de transparencia del Gobierno provincial y la ausencia de respuestas a pedidos de informes presentados desde la Legislatura. En abril, el bloque denunció formalmente ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas el incumplimiento de solicitudes legislativas vinculadas al control del Ejecutivo.

Por su parte, Santiago Ibarrolaza, de Cambia Río Negro, también viene acompañando cuestionamientos institucionales junto a sectores opositores. Ambos legisladores ya habían coincidido en reclamos por el funcionamiento de organismos de control y por la necesidad de investigar presuntas maniobras de presión política en la provincia.

En ese marco, la denuncia de Santos volvió a instalar una discusión más amplia: hasta qué punto los periodistas pueden investigar al poder provincial sin quedar expuestos a represalias personales, económicas o laborales.

La pauta oficial, bajo la lupa

Uno de los ejes más sensibles del debate es el reparto de la publicidad oficial. Sectores opositores vienen reclamando información sobre los criterios utilizados para distribuir pauta entre medios de comunicación, un tema que ya había generado pedidos de informes en la Legislatura rionegrina.

La preocupación apunta a que la pauta pueda funcionar como una herramienta de presión indirecta: recursos para medios alineados, castigos económicos para quienes incomodan y silencios forzados dentro de redacciones que dependen de contratos estatales para sostenerse.

El antecedente del periodista Luciano Barroso también fue mencionado por sectores opositores, luego de su desvinculación tras cubrir para medios nacionales la detención de Fred Machado en causas vinculadas a narcotráfico y lavado de dinero. Para la oposición, ese episodio profundizó la percepción de que existe un sistema de condicionamiento hacia periodistas que investigan temas sensibles para el poder provincial.

Una discusión democrática de fondo

La denuncia de Gonzalo Santos ocurre en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno rionegrino, la oposición y sectores de la prensa. Mientras áreas sensibles como salud, educación y seguridad atraviesan fuertes reclamos sociales, dirigentes opositores sostienen que parte del aparato comunicacional oficial se orienta a blindar al Gobierno y atacar a quienes cuestionan su gestión.

El reclamo, entonces, excede la situación individual de un periodista. Lo que está en juego es si en Río Negro existen condiciones reales para ejercer el periodismo sin miedo, investigar al poder sin represalias y acceder a información pública sin obstáculos.

“La libertad de prensa no se negocia”, remarcaron desde la oposición. Y el mensaje apunta directamente al corazón del debate institucional: una democracia no solo se mide por la existencia de elecciones, sino también por la posibilidad concreta de que periodistas, medios y ciudadanos puedan cuestionar al poder sin amenazas ni condicionamientos.