Bolivia en crisis: bloqueos, hambre y presión contra Rodrigo Paz

Bolivia atraviesa una de sus crisis más graves de los últimos años. Desde hace casi tres semanas, La Paz y El Alto permanecen parcialmente cercadas por bloqueos, cortes de ruta y protestas que comenzaron con reclamos sectoriales, pero que ya escalaron hacia una consigna política directa: la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El conflicto combina falta de combustible, suba de alimentos, caída del poder adquisitivo, crisis de abastecimiento, tensión sindical y una disputa política todavía abierta tras el fin de casi dos décadas de hegemonía del MAS. Según reportes internacionales, los bloqueos afectaron el ingreso de alimentos, combustibles e insumos médicos, provocaron cierres temporales de bancos en La Paz y dejaron al menos tres muertes vinculadas a emergencias médicas que no lograron llegar a tiempo a centros de salud.

La Paz, cercada por el desabastecimiento

La situación cotidiana se volvió crítica. Los mercados registran faltantes, el transporte funciona con restricciones, algunas escuelas pasaron a clases virtuales y la petrolera estatal YPFB suspendió despachos de combustible hacia zonas bloqueadas por razones de seguridad. En La Paz, el precio del pollo llegó a subir hasta 300%.

Detrás de esos números hay una realidad concreta: familias que no consiguen alimentos básicos, hospitales con dificultades para sostener reservas de oxígeno, trabajadores que no pueden llegar a sus empleos y comunidades enteras atrapadas entre el reclamo social y la respuesta estatal.

El Gobierno informó decenas de puntos de bloqueo en distintas regiones, aunque las cifras varían según la hora y la fuente. Se reportaron al menos 32 bloqueos, mientras medios bolivianos elevaron el número en jornadas posteriores.

Un reclamo que empezó por salarios y combustible

La protesta no nació con una sola demanda. Participan sindicatos, mineros, transportistas, campesinos, profesores rurales y juntas vecinales, con reclamos por salarios, combustible, presupuesto educativo, acceso a áreas mineras y rechazo a reformas agrarias.

Pero el eje económico se volvió imposible de separar del político. La eliminación de subsidios a los combustibles, la falta de dólares, la presión inflacionaria y el deterioro del consumo golpearon de lleno sobre sectores populares que sienten que el costo del ajuste volvió a caer sobre quienes menos margen tienen.

Ese es el corazón social de la crisis: el Gobierno habla de estabilización; la calle responde que no puede pagar el precio de esa estabilización con comida más cara, transporte paralizado y salarios que no alcanzan.

Rodrigo Paz, un presidente con poca base política

Rodrigo Paz asumió en noviembre de 2025 tras ganar las elecciones y cerrar un largo ciclo dominado por el MAS. Pero llegó al poder con una base institucional débil, sin una mayoría legislativa sólida y con tensiones dentro de su propia alianza. AP describió que su partido se fracturó rápidamente en la Asamblea y que la crisis económica aceleró los problemas de gobernabilidad.

Esa fragilidad explica por qué un conflicto económico se transformó tan rápido en una crisis política. Paz ganó con legitimidad electoral, pero todavía no logró construir una alianza social capaz de sostener medidas duras en un país donde la calle tiene una larga tradición de poder político.

La versión de los manifestantes

Para los sectores movilizados, el Gobierno de Paz abandonó a trabajadores, campesinos y barrios populares para favorecer a empresarios, exportadores y élites económicas. Organizaciones sociales denuncian que el ajuste golpeó de manera directa sobre alimentos, transporte, combustible y salarios.

Desde esa mirada, los bloqueos son una forma extrema de presión frente a un Gobierno que no escucha. La consigna “Fuera Paz” expresa algo más que rechazo a un presidente: condensa la bronca contra un programa económico que muchos viven como una transferencia del costo de la crisis hacia abajo.

La versión del Gobierno

El Ejecutivo sostiene que recibió un Estado quebrado y que las medidas impopulares son necesarias para estabilizar la economía. También acusa a sectores vinculados a Evo Morales de utilizar demandas reales para desestabilizar al Gobierno y forzar una salida anticipada.

Funcionarios bolivianos plantean que el conflicto ya no es solo protesta social, sino una amenaza contra el orden democrático. Estados Unidos respaldó esa lectura: el subsecretario de Estado Christopher Landau calificó las protestas como un intento de “golpe” y pidió apoyo regional al gobierno de Paz.

Evo Morales y la disputa por la calle

Evo Morales volvió a aparecer como un actor central, aunque con poder discutido. Respaldó las protestas y las presentó como una respuesta popular a problemas estructurales: combustible, alimentos, inflación y persecución política.

Pero su figura también carga con una crisis propia. AP informó que Morales evade una orden de arresto por acusaciones vinculadas a presunto abuso sexual de una menor, algo que él niega y considera una persecución política.

El resultado es una disputa compleja: hay malestar social genuino, pero también una pelea por quién capitaliza ese malestar después de la caída del viejo orden político boliviano.

El trasfondo económico: quién paga el final de un modelo

La crisis boliviana no se explica solo por un presidente ni por una protesta. Durante años, Bolivia sostuvo combustible barato, tipo de cambio estable y subsidios amplios gracias a ingresos del gas y reservas. Cuando ese modelo se agotó, aparecieron juntos la falta de dólares, la dificultad para importar combustibles y la presión inflacionaria.

Paz intentó corregir ese desequilibrio con una receta de ajuste. Pero el problema político es evidente: las correcciones macroeconómicas pueden verse ordenadas desde un escritorio, pero en la calle se traducen en transporte más caro, alimentos inaccesibles, hospitales tensionados y familias que pierden capacidad de compra.

Ahí está la pregunta de fondo: quién debe pagar la salida de una crisis acumulada durante años.

Entre la protesta social y el riesgo institucional

La situación tiene varias capas al mismo tiempo. Hay una crisis económica real, una crisis social palpable y una crisis política que pone en duda la capacidad del Gobierno para sostener control territorial.

También hay versiones en disputa. Para el Gobierno y sus aliados internacionales, la protesta ya tiene rasgos desestabilizadores. Para sectores sociales y de izquierda, es una rebelión popular contra un ajuste que empobrece. Para una parte de la región, el conflicto exige mediación antes de que la represión o el desabastecimiento lleven la crisis a un punto más peligroso.

Una salida que todavía no aparece

El escenario más probable es una negociación por sectores: transportistas, mineros, docentes, campesinos y organizaciones vecinales. Paz podría intentar aislar a los grupos más duros, conceder mejoras parciales y mantener la línea de no renunciar.

El escenario más riesgoso sería una represión mayor, más muertos o una ruptura dentro del propio Gobierno. En ese caso, Bolivia podría pasar de una protesta contra medidas económicas a una crisis abierta de gobernabilidad.

Por ahora, la imagen que domina es la de un país bloqueado, con la capital bajo presión y una sociedad que vuelve a decir algo que en América Latina se repite cada vez que la macroeconomía se ordena sobre cuerpos cansados: no hay estabilización posible si el pueblo no puede comer, trasladarse ni atenderse en un hospital.