Súper RIGI: la apuesta de Milei por megainversiones abre una disputa por los recursos de la Patagonia

El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto conocido como Súper RIGI, una ampliación del régimen de incentivos para grandes inversiones que busca atraer capitales hacia sectores considerados estratégicos: hidrógeno verde, GNL onshore, litio, baterías, centros de datos, inteligencia artificial, reactores nucleares modulares, uranio, petroquímica, fertilizantes, energía eólica y solar y tecnología industrial.

La iniciativa fue presentada por el ministro de Economía, Luis Caputo, como una herramienta para industrializar recursos naturales, generar exportaciones y convertir a la Argentina en una plataforma global de producción energética, minera y tecnológica.

Pero detrás de la promesa de inversiones aparece una discusión mucho más profunda: quién controla, regula y cobra por los recursos estratégicos del país, especialmente en la Patagonia.

Un régimen más amplio y más generoso

El proyecto todavía no es ley. Ingresó por la Cámara de Diputados y deberá atravesar el trámite legislativo antes de entrar en vigencia. El piso de inversión previsto es de US$1.000 millones por proyecto, con la obligación de ejecutar al menos el 20% durante los primeros dos años.

El paquete de beneficios es más fuerte que el RIGI original. Contempla 30 años de estabilidad normativa en materia tributaria, aduanera, cambiaria y previsional; una alícuota de Ganancias del 15%; amortización acelerada; exención de derechos de importación y exportación; reducción de contribuciones patronales para nuevos trabajadores; y libre disponibilidad progresiva de divisas.

Ese último punto es central: las empresas podrían disponer libremente del 20% de las divisas de exportación durante el primer año, el 40% durante el segundo y el 100% desde el tercer año.

También se habilita el arbitraje internacional en caso de conflicto entre el Estado y los inversores, una cláusula que suele generar resistencia en sectores que advierten sobre la pérdida de capacidad soberana para resolver disputas estratégicas dentro del sistema jurídico nacional.

Patagonia, el territorio más codiciado

La Patagonia aparece como una de las regiones más impactadas por el nuevo esquema. Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz reúnen recursos energéticos, minerales, hidrocarburíferos, eólicos y logísticos que encajan directamente con los sectores que el Gobierno quiere promover.

Neuquén podría capitalizar proyectos vinculados a Vaca Muerta, GNL, petroquímica y fertilizantes. Río Negro aparece en el radar por su potencial en centros de datos, energías renovables, hidrógeno verde y logística atlántica. Chubut vuelve al centro del debate por petróleo, uranio y energías limpias. Santa Cruz, por su parte, se proyecta sobre Palermo Aike, hidrógeno verde y recursos energéticos de gran escala.

La lectura oficial es optimista: el Súper RIGI permitiría atraer inversiones que hoy la Argentina no consigue por falta de estabilidad, escala y reglas previsibles. Para el Gobierno, el país tiene recursos, pero necesita ofrecer condiciones excepcionales para que los capitales lleguen.

La pregunta incómoda es qué se entrega a cambio.

La letra chica fiscal

El punto más conflictivo está en la adhesión de provincias y municipios. Para que el régimen funcione plenamente, las jurisdicciones deberán aceptar límites a su capacidad tributaria: Ingresos Brutos no podría superar el 0,5% y las tasas municipales no podrían estar atadas a las ventas.

Ahí nace el debate por la autonomía fiscal. Gobernadores e intendentes podrían resignar herramientas de recaudación a cambio de competir por megaproyectos de inversión. El problema es que, en territorios extractivos, el margen local para cobrar, fiscalizar y ordenar el desarrollo es justamente una de las pocas formas de garantizar que parte de la riqueza quede en el lugar donde se produce.

La discusión no es menor: si una provincia pone el territorio, los recursos, la infraestructura, el impacto ambiental y la conflictividad social, pero queda limitada para cobrar sobre esa actividad, el beneficio real puede terminar siendo mucho menor que el prometido.

Inversión o pérdida de soberanía

El Gobierno presenta el Súper RIGI como una política de desarrollo. Y, en parte, el argumento tiene lógica: la Argentina necesita inversiones grandes, exportaciones, tecnología, energía e infraestructura. La Patagonia, además, tiene recursos capaces de insertarse en cadenas globales de alto valor.

Pero el proyecto también deja flancos abiertos. No aparecen con suficiente fuerza compromisos obligatorios de empleo local, proveedores nacionales, transferencia tecnológica, control ambiental o participación provincial efectiva en la renta generada.

Ese es el núcleo crítico. Un régimen de incentivos puede atraer capitales, pero si no establece condiciones claras, corre el riesgo de convertirse en una autopista de beneficios para grandes empresas sin una estrategia nacional robusta detrás.

La diferencia entre industrializar recursos y simplemente exportarlos con ventajas fiscales está en los detalles: cuántos puestos de trabajo quedan, cuánto valor agregado se genera, cuánta tecnología se transfiere, qué infraestructura permanece y qué capacidad conserva el Estado para regular.

El planteo patagónico

En la región, la discusión ya empezó a cruzarse con otros conflictos. En Río Negro, el vicegobernador Pedro Pesatti vinculó el debate del Súper RIGI con la reforma del régimen de Zona Fría. Su lectura fue directa: mientras Nación ofrece beneficios extraordinarios a grandes empresas energéticas, los usuarios patagónicos enfrentan posibles subas en las tarifas de gas.

La frase que usó sintetiza el malestar: “Al dios RIGI todo y al pueblo patagónico nada”.

El contraste es políticamente potente. Por un lado, estabilidad fiscal, beneficios aduaneros y libre disponibilidad de divisas para megaproyectos. Por el otro, hogares patagónicos que podrían pagar más por calefaccionarse en una región que produce parte de la energía del país.

Ese choque entre grandes inversiones y costo cotidiano del territorio puede convertirse en uno de los ejes políticos más sensibles de la discusión legislativa.

El dilema de fondo

El Súper RIGI no es solo una norma económica. Es una definición sobre el modelo de desarrollo que el Gobierno quiere para las próximas décadas.

Puede ser una oportunidad para atraer capitales hacia sectores estratégicos, acelerar infraestructura, generar exportaciones y posicionar a la Argentina en industrias globales. Pero también puede convertirse en una cesión prolongada de soberanía fiscal, regulatoria y territorial si las provincias quedan reducidas a competir por inversiones con menos capacidad para cobrar, controlar y exigir condiciones.

La Patagonia está en el centro porque concentra los recursos que el mundo busca: energía, minerales, viento, agua, gas, petróleo, uranio, tierras disponibles y salida al Atlántico. Pero justamente por eso, la discusión no puede limitarse a celebrar la llegada de capitales.

La pregunta central no es si vendrán inversiones. La pregunta es bajo qué reglas.

Si el proyecto avanza, el Congreso deberá definir si el país construye una herramienta de industrialización real o si abre un régimen de privilegios a 30 años donde las grandes empresas ganan estabilidad, mientras las provincias resignan margen fiscal y control sobre sus propios recursos.

En el fondo, el debate es este: la Patagonia puede ganar desarrollo, pero solo si no entrega soberanía a cambio de promesas de inversión.