La adhesión de Río Negro al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI) dio un paso clave en la Legislatura provincial. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo obtuvo dictamen favorable en una reunión plenaria de comisiones y quedó más cerca de llegar al recinto, aunque tres bloques solicitaron más tiempo para estudiar el alcance de la iniciativa antes de fijar posición.
La propuesta fue tratada en conjunto por las comisiones de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, Asuntos Constitucionales y Legislación General, y Presupuesto y Hacienda. El objetivo oficial es adherir al régimen nacional y crear un procedimiento simplificado para que las empresas beneficiarias del RIMI puedan acceder también al Régimen de Promoción Económica e Industrial de Río Negro, establecido por la Ley N.º 5766.
El punto central del proyecto es la agilización administrativa. Las firmas que ya cuenten con la constancia de adhesión al régimen nacional podrían utilizar esa acreditación para acelerar su incorporación a los beneficios provinciales, sin volver a presentar documentación que ya fue evaluada por la autoridad nacional. De todos modos, deberán cumplir con los requisitos previstos por la normativa rionegrina.
Durante el debate, el presidente de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro, Alejandro Palmieri, explicó los alcances del proyecto y defendió la necesidad de complementar las herramientas provinciales de promoción económica con los nuevos incentivos creados a nivel nacional.
Según planteó, el RIMI está orientado a empresas de distintas escalas, desde microempresas hasta pymes de mayor dimensión, siempre que desarrollen proyectos de inversión productiva. Para el Gobierno provincial, la adhesión permitiría simplificar trámites, fortalecer inversiones ya existentes y atraer nuevos proyectos hacia el territorio rionegrino.
El régimen provincial incluye instrumentos como créditos fiscales y otros beneficios vinculados al desarrollo productivo y la generación de empleo. La apuesta oficial es presentar a Río Negro como una provincia más competitiva para captar inversiones medianas, en un contexto donde las jurisdicciones buscan diferenciarse mediante alivios tributarios, previsibilidad normativa y menor carga burocrática.
El proyecto consiguió dictamen favorable con el acompañamiento de Alianza Juntos Somos Río Negro, PRO Unión Republicana, Coalición Cívica ARI-Cambiemos y Unión Cívica Radical. En cambio, los bloques Partido Justicialista-Nuevo Encuentro, Vamos con Todos y Primero Río Negro solicitaron un plazo de 48 horas para analizar la iniciativa y definir su postura.
Ese pedido no frena el avance del expediente, pero introduce una cautela política en una discusión que involucra beneficios fiscales, promoción empresarial y eventual resignación de recursos provinciales. El debate de fondo no pasa solo por atraer inversiones, sino por conocer con precisión qué sectores serán alcanzados, qué impacto tendrá el régimen sobre la recaudación y qué compromisos concretos deberán asumir las empresas beneficiadas.
El oficialismo busca acelerar una herramienta que considera estratégica para dinamizar la economía provincial. La oposición que pidió más tiempo, en cambio, intenta evitar que la adhesión avance como un trámite rápido sobre un tema que puede condicionar la política productiva y tributaria de los próximos años.
La discusión ahora se encamina al recinto. Allí se definirá si Río Negro se suma formalmente al RIMI y bajo qué nivel de control político se administrarán los beneficios para las empresas que busquen invertir en la provincia.