La situación de una niña de un año de Valcheta que necesita un tratamiento médico de alta complejidad volvió a poner en debate el acceso a la salud en Río Negro y el rol de la Justicia frente a los reclamos de familias que enfrentan enfermedades poco frecuentes.
A través de una carta pública dirigida al Superior Tribunal de Justicia (STJ), una legisladora provincial, Magdalena Odarda, cuestionó el rechazo judicial a una acción de amparo presentada por los padres de la menor, quienes buscan que el Estado garantice la cobertura de una medicación indispensable para tratar la acondroplasia que padece la niña.
La dirigente señaló que la difusión de una actividad realizada por integrantes del STJ junto a UNICEF, enfocada en la aplicación del principio del interés superior del niño dentro del nuevo Régimen Penal Juvenil, contrastó con la resolución adoptada en el caso de la familia de Valcheta.
Según expresó, mientras en esos ámbitos se promueve la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en la práctica se rechazó un reclamo vinculado directamente con el derecho a la salud. “Cuando se trata del derecho a la salud de una persona, en este caso de una niña, ese ‘no’ puede tener consecuencias irreversibles”, sostuvo en el documento.
La legisladora recordó que la obra social provincial IPROSS rechazó la cobertura del tratamiento y que esa postura fue respaldada por la Justicia de Primera Instancia. Sin embargo, cuestionó que la sentencia no haya planteado una alternativa concreta para garantizar el acceso a la medicación que la menor necesita.
Uno de los principales planteos de la carta apunta a la falta de aplicación de la Ley Provincial 3936, que creó el denominado “Fondo Emanuel”, un sistema destinado a financiar tratamientos de alta complejidad para personas que enfrentan enfermedades catastróficas y cuyos costos exceden las posibilidades del sistema sanitario tradicional.
De acuerdo con la legisladora, el fondo nunca fue dotado de recursos presupuestarios suficientes desde su creación en 2004, pese a que continúa vigente. La norma fue impulsada para brindar cobertura en casos de riesgo vital o funcional cuando las prestaciones requeridas tienen costos extraordinarios.
“Quizá quienes toman decisiones en esta provincia en materia de salud no conozcan que existe un fondo provincial que nunca fue utilizado”, afirmó, al tiempo que cuestionó la falta de implementación de una herramienta que podría brindar una respuesta inmediata a situaciones como la que atraviesa la familia de Valcheta.
En su planteo, la parlamentaria también hizo referencia a antecedentes judiciales favorables registrados en otras jurisdicciones. Entre ellos destacó el caso de Pedro Lionel Telleri, un niño de tres años cuya cobertura para un medicamento de alta complejidad fue garantizada mediante una resolución del Juzgado Federal de La Plata.
Según indicó, ese fallo ordenó la intervención conjunta del Estado nacional, el Estado provincial y la obra social correspondiente para asegurar el acceso al tratamiento, criterio que considera aplicable al caso rionegrino.
La causa vinculada a la niña de Valcheta ya se encuentra bajo análisis del Superior Tribunal de Justicia. En ese contexto, la legisladora pidió que el máximo órgano judicial provincial priorice el interés superior de la niña y adopte una resolución que garantice su derecho a la salud. “Es hora de dejar atrás la Justicia alejada de las necesidades vitales de los niños y niñas rionegrinos. Es hora, en definitiva, de una Justicia independiente, imparcial y, fundamentalmente, humana”, concluyó.