El intendente de Patagones, Ricardo Marino, confirmó que el municipio cuenta con un remanente de superávit de $1.500 millones, pero aclaró que esos fondos no serán utilizados para reactivar obras de viviendas paralizadas. La prioridad, sostuvo, será garantizar el pago de salarios municipales y cumplir con proveedores en un contexto que definió como “un año durísimo”.
En declaraciones a FM de la Costa, el jefe comunal explicó que la situación financiera obliga a preservar ese ahorro como respaldo operativo. Según detalló, el municipio necesita alrededor de $2.000 millones para afrontar el pago mensual de sueldos, mientras la coparticipación llega “cada vez menor”.
“Lo único que queda son $1.500 millones de superávit”, señaló Marino, y fue tajante sobre su destino: “Ese dinero ya está destinado”. El intendente remarcó que, hasta el momento, su gestión no tuvo que pedir anticipos de coparticipación para pagar sueldos o aguinaldos, una situación que, según dijo, sí atraviesan otros municipios.
Marino explicó que las cuentas municipales tienen distintos compromisos ya asignados. Mencionó una deuda flotante de $2.500 millones y entre $1.500 y $2.000 millones afectados a obras en curso o planificadas, entre ellas la construcción de la rotonda en las calles Perón y Combatientes de Malvinas.
En ese esquema, el superávit disponible funciona como una reserva para evitar sobresaltos en el pago de salarios y proveedores. Para el intendente, usar esos fondos en obras habitacionales significaría debilitar la capacidad del municipio para sostener su funcionamiento básico durante los próximos meses.
La decisión marca una prioridad política clara: antes que asumir nuevos compromisos de obra pública, el municipio buscará preservar liquidez para atravesar la crisis sin atrasarse con los trabajadores municipales.
La situación más compleja aparece en el frente habitacional. Consultado por la posibilidad de terminar viviendas con recursos propios, Marino fue categórico: “Imposible. Retomar las que están está muy lejos”.
El intendente vinculó esa imposibilidad con deudas originadas en anticipos cobrados por empresas constructoras durante gestiones anteriores. Según precisó, el municipio debe afrontar reclamos por $300 millones correspondientes a un plan de 26 viviendas y otros $600 millones por un plan de 40 casas.
“En este momento nosotros no estamos en condiciones de poder afrontar esa deuda que no es nuestra, pero es de la municipalidad”, reconoció.
Ante ese escenario, la estrategia del Ejecutivo local será negociar con autoridades provinciales la posibilidad de pagar esos montos en cuotas. El objetivo es regularizar la situación sin comprometer los recursos que hoy sostienen salarios, proveedores y servicios básicos.
La definición de Marino deja una señal incómoda para las expectativas habitacionales en Patagones: aunque existe superávit, el municipio no lo considera disponible para reactivar viviendas. En medio de la caída de ingresos y la presión sobre las cuentas locales, la gestión eligió blindar la caja antes que abrir un nuevo frente financiero.